El acuerdo para extender el plazo para las elecciones generales en poco más de un mes ha cumplido el doble propósito de brindar certidumbre respecto de la realización de esos comicios, cuya fecha sigue sin ser señalada expresamente en la normativa, e incrementar el tiempo para tomar los recaudos necesarios para evitar posibles contagios de COVID-19 el día del verificativo.
Ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo Electoral que dicho acuerdo requirió concesiones de todas las partes. Por tanto, puede decirse que también refleja la voluntad democrática de quienes compiten por la presidencia del país, máxime considerando que se trata de un proceso electoral que debe restituir la plena legitimidad de quien ostenta la presidencia del país. El que el candidato a la presidencia por la fuerza política que ostenta la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el MAS, ahora como oposición, haya sido parte del acuerdo implica que el trámite legislativo para mover nuevamente la fecha de las elecciones será fácil y rápido.
Por ello ha causado sorpresa la posición de Juntos, la agrupación de la Presidenta interina y también candidata, que a través de su portavoz, a la vez dirigente del partido del Alcalde, Sol.bo, ha manifestado su descontento e intentado restar legitimidad al acuerdo, sugiriendo que se produjo por presión del expresidente ahora refugiado en Argentina. En la víspera del acuerdo, la mandataria transitoria había demandado al TSE que fije fecha “de una vez por todas”.
Igualmente, el candidato de Creemos, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y abanderado de la protesta que empujó al expresidente Morales fuera del poder, prefiere diferir la elección, incluso más allá de 2020. Coinciden ambos candidatos en señalar que no están dadas las condiciones sanitarias para un acto que demanda movilización y concentración de tantas personas.
Sin embargo, decir que no se está preparado para afrontar las posibles complicaciones sanitarias relacionadas con la pandemia del COVID-19 en día de la votación es casi lo mismo que reconocer que ni los más de dos meses de cuarentena rígida ni el tiempo que resta hasta el domingo de elecciones son ni serán suficientes para preparar al país para hacer frente a la enfermedad. La evidencia muestra limitaciones en el cumplimiento de las reiteradas promesas presidenciales respecto a asuntos como pruebas rápidas y equipamiento hospitalario, además de la primera de ellas: una pronta convocatoria a elecciones.
Las críticas que recibe por esta causa no hacen más que mellar su imagen. En un estado de debilidad institucional extrema, con un liderazgo que no por mostrarse recio recibe más apoyo —sino, de hecho, produce sospecha de autoritarismo—, y en medio de creciente desconfianza en la calidad de la gestión de la cosa pública, especialmente los recursos financieros, lo sensato es abandonar los cálculos políticos parciales e inmediatos y, como haría un buen estadista, anteponer el bien de todo el país y avenirse, en primer lugar, a restituir cuanto antes la legitimidad democrática del gobierno.
