El caso de la compra de respiradores (ventiladores) para terapia intensiva merece algún comentario. En principio, parece ser que se tomaron decisiones tal vez un tanto apresuradas y sin la necesaria consulta con las instancias que tienen el conocimiento técnico y de manejo de tales aparatos médicos, como son, por ejemplo, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva o la Sociedad Boliviana de Anestesia y Reanimación.
La ventilación mecánica, como se llama en medicina al uso de medios externos para permitir que pacientes gravemente enfermos, como ocurre con la COVID-19, puedan seguir respirando, es una técnica médica extremadamente compleja que requiere no solo de aparatos de alta sofisticación tecnológica sino de personal cualificado, formado y entrenado, a veces durante largos periodos de aprendizaje como especialistas.
Los intensivistas y los anestesistas reanimadores tienen en los respiradores los instrumentos más idóneos para el manejo terapéutico de pacientes cuyos pulmones ya no son capaces por sí mismos de efectuar el necesario y vital intercambio de gases, siempre, claro está, que los aparatos con los que cuenten sean efectivamente idóneos y ofrezcan las prestaciones necesarias para poder dar un buen servicio. La pregunta cae por su propio peso: ¿por qué entonces el gobierno no consultó, como hubiera sido lógico, a este grupo de profesionales antes de tomar ninguna determinación en la compra de estos equipos?
Si los aparatos adquiridos no cumplen con los estándares mínimos necesarios para el buen manejo de pacientes graves, puede darse el caso de que en lugar de beneficiar a los pacientes se les produzca más daño. Por ejemplo, la guía para la construcción de urgencia de aparatos de ventilación mecánica, publicada en abril del presente año por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido, dice: “Es probable que un ventilador con especificaciones más bajas que (las mínimas aceptables) no proporcione ningún beneficio clínico y podría conducir a un mayor daño, lo que sería inaceptable para los médicos”; que es exactamente lo mismo que manifiesta nuestra Sociedad Boliviana de Intensivistas.
Los aparatos comprados por el gobierno de nuestro país no es que no sirvan, el problema es que tienen una utilidad limitada, pues técnicamente están construidos como unidades de “ventilación de emergencia”, es decir, son para un uso circunstancial, transitorio y por períodos de tiempo cortos, como puede ser, por ejemplo, el uso momentáneo mientras se espera trasladar a un paciente a un centro en el que se disponga de un aparato de ventilación adecuado a las necesidades de tratamiento intensivo. Estamos hablando de un uso por algunas horas o, como máximo, uno o dos días.
Más allá de esto, el riesgo al que exponemos al paciente aumenta de manera exponencial. Esos aparatos de “ventilación de emergencia” también sirven, por supuesto, para el propio traslado de los pacientes, y poco más. Debemos recordar que los pacientes que padecen cuadros pulmonares graves por causa de la COVID-19 a veces requieren ventilación mecánica durante semanas o incluso meses, como se ha podido comprobar en pacientes tratados en sistemas sanitarios como el italiano o el español, lo cual, por supuesto, no es posible con los aparatos comprados en Bolivia.
En cuestiones de salud no se puede improvisar o simplemente dar a entender que “se está haciendo algo”. El resultado de la toma de decisiones del gobierno, sin el preceptivo análisis por parte de quienes tienen el conocimiento técnico y científico de las actuaciones médicas imprescindibles y vitales, no solo puede resultar desastroso, sino que puede llevar a la siempre lamentable pérdida de vidas humanas, al daño personal infligido a pacientes que confiados se ponen en manos del sistema y al descrédito del propio sistema sanitario.
Alfonso Bilbao Liseca, médico anestesiólogo
