Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dado señales claras de responsabilidad institucional y apego al principio de legalidad, algunos actores políticos, con eco en las redes sociales, están asediando a los nuevos vocales, en especial a su presidente. El objetivo, más bien marginal, es claro: no quieren elecciones y, por tanto, no quieren democracia. Eso es inaceptable.
Luego de las fallidas elecciones generales de octubre de 2019, declaradas “sin efecto legal” por una ley aprobada de manera unánime en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el país asumió el desafío imprescindible de volver a la urnas en el corto plazo para elegir a sus gobernantes y representantes. Una condición para el efecto, producto del acuerdo político, fue la recomposición de la institucionalidad electoral, con la designación de nuevos vocales tanto en el TSE como en los nueve tribunales departamentales.
En ese marco, el TSE asumió el reto inmediato de convocar a los nuevos comicios y ejecutar el calendario electoral para una votación que debió realizarse el pasado 3 de mayo. Lo hizo en condiciones adversas, en un contexto de agravada crisis, polarización e incertidumbre, con disputa política en torno al Gobierno provisorio. Lo hizo en medio de una situación crítica del organismo electoral, con cuatro tribunales quemados como parte del vandalismo de los hechos de octubre y noviembre del año pasado.
Así, las elecciones 2020, de hecho difíciles por el contexto político-institucional, se fueron desarrollando hasta quedar en suspenso el 21 de marzo por efecto de la cuarentena total decretada por el Gobierno. La emergencia sanitaria por el coronavirus añadió un nuevo factor de complejidad a los comicios. La disputa por la nueva fecha se resolvió en dos momentos: primero mediante una ley que fijó un plazo máximo hasta el 1 de agosto y luego con el acuerdo anunciado esta semana para votar el 6 de septiembre.
En esta ruta incierta y crítica, las autoridades electorales asumieron una posición institucional y de cumplimiento de la normativa, en especial del principio de preclusión, que constituye una base fundamental e ineludible del sistema electoral boliviano. Cerraron así las puertas a quienes, buscando frenar las elecciones, demandan dar marcha atrás en el proceso. Ello derivó en algunas críticas contra el presidente del TSE, incluida una acusación temeraria y fuera de lugar del Procurador del Estado.
Es necesario rechazar con firmeza estas acciones de desprestigio contra el TSE, pues ponen en riesgo no solo la todavía frágil institucionalidad en el país, sino también el proceso electoral. Lo más peligroso, nuevamente, es que este asedio antidemocrático busca golpear la legitimidad de los comicios, como narrativa para un eventual desconocimiento e impugnación del resultado. El guion es conocido. E inaceptable. Bolivia necesita gobernantes con la legitimidad de las urnas para enfrentar la crisis.
