Es falso creer que basta con la responsabilidad individual para detener la propagación de la pandemia. El distanciamiento social requiere de arreglos colectivos mínimos y de una capacidad de las instituciones estatales para promoverlos y darles condiciones para que funcionen. No habrá salida a la crisis desde un “sálvese quien pueda” individualista que olvide el diálogo y la solidaridad.
Desde sus inicios, se ha insistido mucho en la importancia del cumplimiento de las reglas de alejamiento social y de bioseguridad por parte de los ciudadanos como un elemento central de la estrategia de contención de la pandemia.
Sin embargo, esa prescripción sensata ha derivado en una tendencia a explicar todas las limitaciones de esa política por la supuesta “indisciplina”, “irresponsabilidad” o “ignorancia” de ciertas personas y grupos sociales. El fomento de una corresponsabilidad social se ha quedado en una retórica punitiva que se focaliza en castigar a los infractores o en la búsqueda de “culpables” de la propagación de la enfermedad. Se asume que el que no cumple lo hace siempre motivado por razones reprochables, reflexionando poco sobre las condiciones desiguales en las que se han estado informando y aplicando las restricciones.
Esa lógica está llevando también a que se justifique una especie de escenario de “sálvese quien pueda”, en el que la salida depende de cómo cada individuo se cuida o si tiene recursos propios para tratarse, asumiendo la incapacidad congénita del Estado para hacer algo, la falta de solidaridad con las realidades complicadas en que viven muchos compatriotas o la imposibilidad de un diálogo para aunar los esfuerzos de la nación frente a la crisis. Algunos parecen incluso pensar que como vivimos en una sociedad de “indisciplinados”, nos merecemos lo que está pasando y no tendríamos, por lo tanto, el derecho a quejarnos.
Sin negar la existencia de situaciones de incumplimiento de las normas que deben ser sancionadas con proporcionalidad, esta visión es parcial y errada porque no es posible aislarse totalmente del contagio y desentenderse, por mucho que se quiera, de servicios públicos o reglas colectivas que son necesarias para evitarlo. Es igualmente irreal exigir comportamientos “virtuosos” cuando muchos no los entienden ni tienen condiciones materiales para aplicarlos.
Lo cierto es que para estabilizar la curva de contagios se precisa de una coherente acción estatal y de un alto grado de cooperación de la mayoría de la población, la cual nunca es automática sino producto de un proceso de información, diálogo, persuasión y construcción de acuerdos. Si éstos son asumidos por una gran parte de las representaciones sociales, hacen incluso más fácil y efectiva la coerción estatal para su cumplimiento. Por tanto, el reto de hoy es lograr más apertura, más comprensión y mejor diálogo político y social.
