El Órgano Ejecutivo envió finalmente a la Asamblea Legislativa los documentos faltantes para tratar los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas. Atrás quedó la bravuconada del comandante de la entidad militar, que el pasado 21 de mayo dio un ultimátum al Órgano Legislativo para que en una semana ratifique los ascensos. Se impusieron la institucionalidad y el orden constitucional.
En su artículo 160, la Constitución Política del Estado establece con precisión las atribuciones de la Cámara de Senadores. Una de ellas es “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada”. Así, tras ser propuestos por el Ejecutivo, para hacerse efectivos, los ascensos deben ser ratificados por el Senado. El procedimiento, que involucra a dos órganos del Estado, es inequívoco y ninguna presión o amenaza puede evadir su cumplimiento.
Por ello causó sorpresa, primero, y rechazo contundente, después, la irregular presencia del comandante Orellana y los suyos, hace un mes, en la sede del Legislativo. Peor todavía cuando lo hicieron en traje de campaña y con amenaza. Exigiendo respeto, el uniformado dio un plazo de una semana a la Asamblea para ratificar los ascensos. “Si recibimos una respuesta negativa —advirtió— procederemos apoyados en nuestra Ley Orgánica”, desconociendo la jerarquía normativa existente en el país.
Por supuesto el ultimátum del comandante de las Fuerzas Armadas quedó en retórica y tanto los militares como el Gobierno tuvieron que cumplir el procedimiento constitucional, esto es, subsanar las observaciones. Lo hicieron recién el pasado martes. Así, el trámite regresó a la Comisión de Seguridad del Estado del Senado, que debe revisar la documentación complementaria y emitir un informe. Si todo está bien, se procederá recién a la ratificación de los ascensos. Se llama Estado de Derecho.
La firmeza con la que la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó el ultimátum militar reafirmó la vigencia de un régimen constitucional y democrático en el que las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo. El general Orellana, del cual ya no se tuvo noticia, lo habrá aprendido. Hubiese sido inconstitucional y por tanto inaceptable proceder con la amenaza de ratificar los ascensos por decreto, como se hacía en regímenes autoritarios. El episodio, todavía irresuelto, de los ascensos a generales plantea como tema de fondo la condición de las Fuerzas Armadas en un Estado de Derecho y democrático. Un principio fundamental es que el poder militar está subordinado al poder civil legalmente constituido. Por otra parte, resulta básico asumir el precepto constitucional de que como organismo, las Fuerzas Armadas no realizan acción política. Habrá que discutir, en un horizonte de reforma, su papel en materia de seguridad y desarrollo.
