Hace varias semanas destacamos que la aprobación y promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales a fines de abril fue la primera señal de rearticulación del MAS. A partir de entonces, esta organización política actuó de manera cohesionada en torno a la consigna de “Elecciones, ya” pero, luego, mostró cierta flexibilidad puesto que la fecha inicialmente propuesta para los comicios —2 de agosto— fue sustituida por el 3 de septiembre. Esa postura fue precedida de un mensaje de Evo Morales quien señaló que la primera semana de agosto no era inamovible. Después de mucho tiempo, el líder del MAS recuperó un estilo de acción política que le dio réditos electorales a su partido, me refiero a la adopción de una postura moderada, es decir, “avanzar hacia el centro”.
Esta decisión fue la segunda iniciativa política del MAS en este periodo y, de nueva cuenta, obligó a sus rivales a que reformularan sus estrategias. De esta manera, los partidos políticos tuvieron que asumir una posición al respecto y el resultado fue un acuerdo entre los actores estratégicos del proceso electoral: MAS, Comunidad Ciudadana y Juntos. Ellos aceptaron la propuesta del Tribunal Supremo Electoral que cumplía su plan inicial de considerar un rango para la realización de los comicios entre la primera semana de junio y septiembre, una vez que la pandemia obligó a postergar las elecciones. Ese acuerdo suscrito en el TSE fue importante porque se trató del primer acuerdo político en este periodo, así sea sobre procedimientos y calendario, y porque el TSE recuperó credibilidad institucional.
En ese contexto resultó sorprendente el comportamiento del oficialismo que retrocedió en su decisión y optó por poner trabas a la promulgación de la ley que define la realización de los comicios en el primer domingo de septiembre. La Presidenta interina hizo conocer esa decisión mediante una carta que anuncia su rechazo a la promulgación de la ley pero se sustenta en un criterio falaz, puesto que le pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional que señale cuál es el informe epidemiológico que respalda la convocatoria para esa fecha.
La falacia es obvia puesto que ese informe, y todos los aspectos relativos a la crisis sanitaria, es responsabilidad del Órgano Ejecutivo. De manera más prosaica, días después Jeanine Áñez declaró que “postergar (las elecciones) un mes o dos meses no le va a ser daño a nadie”; sin embargo, también afirmó que iba a “acatar todo lo que establezca el Tribunal Electoral, porque también nosotros queremos elecciones”. Una ambigüedad aparente puesto que varias acciones del Gobierno están dirigidas a evitar que las elecciones se lleven a cabo a principios de septiembre, no obstante se trata de un actor político cuyo debilitamiento es evidente y tiene enfrente una cada vez más amplia coalición circunstancial de actores políticos —Comunidad Ciudadana y el MAS por delante— y sociales —el pronunciamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) emitido el jueves pasado, como ejemplo— que impedirá que se cumpla su plan de postergar, otra vez, las elecciones.
La respuesta de Eva Copa, mediante una punzante carta de rechazo a las observaciones de la Presidenta interina, es otra señal de que el tiempo empieza a jugar en contra del oficialismo. En noviembre del año pasado, los rivales del MAS lograron una impensada victoria política; sin embargo, la dilapidaron en seis meses y hoy actúan, como antes, de manera dispersa y contradictoria. Es posible que se explique esa conducta por la ausencia de proyecto político, algo que sabremos cuando se reanude la campaña electoral y la política de respuestas a la crisis multidimensional desatada por la pandemia.
Fernando Mayorga
es sociólogo.
