Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los súper ricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos, y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.
En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.
Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.
Si observamos las 3 últimas encuestas realizadas por Celag en los últimos dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, el 78% estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es del 72%; 3) en México, del 67%.
En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoya esta política pública. Y seguramente esto responde no solo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a “circular” recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.
El impuesto a los súper ricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas Celag, en Argentina existe un 90% que cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68%; y en México, 60%.
Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y Capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.
Alfredo Serrano Mancilla, Doctor en Economía, Director CELAG
