Al amanecer del 24 de junio de 1967, noche de San Juan, las tropas caen de sorpresa en las emblemáticas minas nacionalizadas de Siglo XX y Catavi, y luego la de Huanuni. El saldo del recuento oficial es de 71 heridos y 16 muertos, pero se habla de muchos más. La masacre, como muchas otras, nunca se investiga ni menos se sanciona a los culpables.
¿Cuál puede ser la razón para esta sangrienta represión? En la historia boliviana las matanzas estatales a los trabajadores mineros no son nuevas sino recurrentes apelaciones del poder capitalista, pero en este caso la guerrilla del Che actúa como un fantasma que oprime la cabeza de los militares derechistas. Para el 24 y el 25 de junio está prevista la realización de un Ampliado Minero en el poblado de Siglo XX. Su propósito es tratar temas de reorganización sindical y luchas sindicales, al que han sido invitados dirigentes de distintas organizaciones laborales y universitarias.
Según tres importantes autores (C. Soria G., J. Pimentel y E. García C.), la intervención de la Policía y el Ejército fue una medida preventiva para impedir el apoyo minero a la guerrilla y reafirmar la presencia del poder castrense vulnerado y desafiado por los reiterados éxitos de los montaraces insurgentes. La conexión entre las fuerzas del Che y la histórica y rebelde clase minera, está también sugerida en la película de Jorge Sanjinés, “El coraje del pueblo” (1971).
Un informe del Comando del Ejército, por su parte, da cuenta que en una asamblea realizada días previos en la mina de Huanuni, decide prestar apoyo “moral y material” a la guerrilla y realizar descuentos por planilla de 5 bolivianos (unos 40 centavos de dólar) “para gastos de víveres con destino a los guerrilleros”. Otros documentos castrenses insisten en un plan insurreccional, entrenamiento militar y formación de milicias, actos que son negados por Simón Reyes, que aquella jornada está en las minas.
Los mineros son portadores de una larga historia de disputa por el control de sus espacios de vida y de trabajo, que llaman “territorios libres”, como de procedimientos colectivos de autodefensa armada. No desdeñan la violencia, pero, de cara a la historia, la ejercen en sus propios territorios, mediante sus sindicatos actuando como masa y multitud. Si bien distintos protagonistas afirman que la emoción y la sensibilidad producidas en el proletariado del subsuelo de la emergencia de una fuerza armada contestataria en el sudeste boliviano, de ahí que el análisis de René Zavaleta Mercado—que en septiembre de 1967 se incorpora al ELN— apunta más bien a una desconexión.
Los alzados, que tienen otra lectura del rol de las clases sociales, del proletariado histórico, el de carne y hueso, y de su forma de actuar en una revuelta armada, emiten un pronunciamiento que busca impactar sobre los golpeados mineros y la población en general. Llaman a los trabajadores a sumarse a sus filas, a no “derramar sangre en tácticas heroicas, sí, pero estériles”,y a abandonar los “falsos apóstoles” de la conciliación en la lucha de clases. Les advierten que aunque el proletariado no debe abandonar la lucha cotidiana y reivindicativa contra el Gobierno, “solamente una pequeña vanguardia móvil, la guerrilla en el seno de pueblo” garantiza la victoria,
El texto traduce la concepción guevarista. Sin embargo, ¿cómo se combinaría la praxis sindical colectiva, nudo de la experiencia minera, con una guerrilla que no es un frente de clases y se considera a sí misma como una vanguardia militar autogestada que niega el principio leninista de la predominancia de la política y la dirección obrera?
El mensaje no llega a sus destinatarios, y trabajadores y guerrilleros siguen su propio derrotero.
Gustavo Rodríguez Ostria es historiador
