No hay semana que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esté libre de presiones; ha sido siempre así y, quizás, lo sea después. La última “papa caliente” que le toca resolver es la eventual suspensión del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la candidatura de Luis Arce supuestamente por violar la ley al comentar una encuesta interna.
La semana pasada, el candidato presidencial masista adelantó algunos porcentajes acerca de un estudio en filas del MAS sobre el respaldo electoral a poco menos de dos meses de las elecciones y a días de la reanudación del calendario electoral. Muy ingenuo, Arce soltó datos a preguntas sucesivas e insistentes del periodista Enrique Salazar.
No hubo cuadros ni porcentajes de cada uno de los ocho candidatos, aunque Arce señaló las distancias entre alguno y otro, y que el MAS va a ganar los comicios en primera vuelta.
Ahora el candidato del MAS es blanco de sus detractores por una violación de la ley, aunque desde sus filas salieron a señalar que el exministro de Economía no dijo nada irregular y que el calendario electoral está aún en pausa.
Está en la misma situación del TSE, Salvador Romero, a quien, entre muchos, el ministro y operador político de la alianza Juntos Arturo Murillo pidió “coherencia” en una eventual resolución sobre la demanda de esa fuerza política y Creemos.
A Romero ya le llovieron presiones por haber impulsado la nueva fecha de la convocatoria a elecciones. Desde el mismo Gobierno, cuya presidenta Jeanine Áñez es candidata, cuestionaron la aprobación de la ley al considerar que ocurrirá en medio de la emergencia sanitaria, que, en su criterio, implicará un riesgo para los votantes.
Romero, fiel a su estilo, solo se limitó a señalar que el TSE cumplirá los acuerdos y la ley.
Designado vocal por Áñez, el titular del TSE tiene ahora en sus manos la decisión sobre si Arce y el MAS continúan en carrera electoral, como creen las fuerzas contrarias al partido de Morales.
Cualquier decisión que tome el TSE tendrá repercusiones en los bandos antagónicos. Por ahora, ese órgano es señalado de continuar al directorio precedente, tildado de masista e involucrado con el presunto fraude de octubre del año pasado.
Antes, Romero ya había sido presionado e incluso apuntado como “negligente” en el caso del posible fraude por el Procurador del Estado. No han faltado funcionarios del Gobierno transitorio en sumarse al coro.
Mientras oficialismo y oposición se encuentran en una dura polarización, apuntándose mutuamente de golpistas o fraudulentos, además de un sistema de gobierno frágil debido a estas serias divergencias políticas, la única institucionalidad posible radica en el TSE, que puede garantizar una salida efectiva a esta crisis.
El asedio contra el TSE no es casual; al oficialismo le conviene desahuciarlo o impedir las venideras elecciones. Siete meses no son suficientes para desmontar las políticas del anterior gobierno e instituir otras, por no decir nada de los casos de corrupción conocidos en este corto tiempo de mandato de Áñez.
Rubén Atahuichi es periodista
