En mi artículo anterior enumeré cinco derechos y libertades que fueron anulados total o parcialmente por el Estado de Excepción impuesto en Bolivia desde noviembre pasado, y endurecido por la pandemia, haciendo de nuestro país actualmente uno de los menos democráticos de la región. Pero autoritarismo descarnado no es lo único que obtuvimos durante los últimos meses, sino múltiples escándalos de corrupción y despilfarro de recursos públicos que nos obligan a considerar que la represión de muchos es la condición necesaria para el desenfreno de unos pocos.
Vista desde una perspectiva liberal o marxista, cualquiera puede reconocer que Bolivia es una sociedad rentista. Es decir, reproduce sus condiciones económicas por medio de la captura de excedente proveniente de la explotación de los recursos naturales a través de las diferentes instancias de nuestro Estado, tales como gobernaciones, municipios, universidades, bonificaciones y aparato público en general. El Estado es, entonces, una fuente de enriquecimiento, que exacerba la competencia política entre las diferentes facciones de la sociedad que buscan capturar sus rentas.
Dicho orden de cosas influye al mismo tiempo en la mentalidad de los bolivianos, que establecen instituciones informales como el patrimonialismo (uso privado de recursos públicos), el clientelismo (intercambio de favores económicos a cambio de apoyo político) y, sobre todo, la corrupción (uso indebido de recursos públicos para el enriquecimiento personal) para capturar más eficientemente dicho excedente. Podría decirse que estas reglas de juego son parte de la cultura política boliviana. Tanto así que, durante la gestión de la pandemia, se visibilizaron varios casos de enriquecimiento ilícito a expensas del Estado y otros alarmantes delitos en la gestión pública, sin que ello provocara el más ligero rubor en el rostro de nuestras impuestas autoridades.
Así, mientras la mayoría de los bolivianos debían racionar su alimentación y gastos debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, el hijo de una diputada se trasladaba desde Tarija a La Paz para asistir a una fiesta, así como la hija de la presidenta de facto ¡Fiesta en medio de una pandemia! Poco después, el ministro Núñez le hizo el mismo favor a una joven modelo, sin que ello significara un juicio por uso indebido de los recursos del Estado. En todo caso, el patrimonialismo de este gobierno recuerda un poco aquello que dijo René Zavaleta sobre la oligarquía boliviana: “El país era para ellos del tamaño de su hacienda”.
La posesión de Branko Marinkovic como ministro de Planificación del Desarrollo es solo un ejemplo abierto, de entre muchos seguramente no tan visibles, de otorgación de cargos y favores concedidos desde el Estado a diferentes sectores del mundo empresarial, del cual se espera obtener apoyo político para las próximas elecciones. Clientelismo: cargos y pegas a cambio de apoyo político. La lógica es bien conocida. El MAS no fue la excepción, y naturalmente el gobierno de Áñez tampoco.
La arbitrariedad, sin embargo, no termina ahí. Poco después de la cuarentena rígida, poco a poco, se hicieron públicas diferentes denuncias de actos de corrupción contra autoridades del actual Gobierno, donde resaltan compras con sobreprecios en YPFB, Energías, Gobierno y Defensa; y otorgación de cargos a amigos y familiares de jerarcas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Minería, entre otros. Destacó entre todos, sin embargo, la compra de 170 respiradores con sobreprecio que a la postre ni siquiera eran útiles para enfrentar la pandemia. Dicho acto de corrupción fue cometido justo cuando los efectos del coronavirus comenzaban a hacerse visibles en nuestra sociedad, por lo que aquellos 170 respiradores timados equivaldrían, de alguna manera, a 170 muertes, si no es que más. Y como muchos crímenes, hoy no se sabe a ciencia cierta dónde es que se encuentra una considerable parte de la evidencia.
Bolivia pasa, entonces, del Estado de Excepción al Reino del Desenfreno. Recuerdo en este momento aquella tesis sobre el capitalismo de caras conocidas que oí hace algunos años y me pregunto a qué camarillas estará enriqueciendo ahora el dinero de los bolivianos, cuya fortuna no es la misma que la de antes. Valdría la pena investigar.
Carlos Moldiz es politólogo.
