Desde hace 10 meses, el puente Huayllani, a la entrada a Sacaba, es conocido como el “puente de la muerte”. Allí, el 15 de noviembre del 2019, se ejecutó la masacre a campesinos. En esa jornada fatídica, los productores de hoja de coca intentaban marchar hacia la ciudad de Cochabamba. Momentáneamente, un helicóptero militar, como si fuera un ave de rapiña en busca de su carroña, sobrevolaba por el puente en una actitud de amedrentamiento. Era el preámbulo de la masacre. El puente dividía a policías/militares con los movilizados. Luego se perpetró el ataque por tierra y aire. Fallecieron 11 campesinos.
La Real Academia Española define masacre a la “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. La historiadora María Moliner es más enfática, “es una matanza salvaje de personas”. El título del informe de la Universidad de Harvard sobre las masacres en Sacaba y Senkata reza: Nos mataron como animales, reflejo fiel a lo ocurrido ese viernes fatídico en Sacaba. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de otras organizaciones académicas que investigaron los acontecimientos en Sacaba coincidieron en sus conclusiones: fueron ejecuciones extrajudiciales y, por lo tanto, los tipificaron como masacre.
Los manifestantes no estaban armados con objetos letales, como informó el gobierno de Jeanine Áñez. A lo mucho, estaban precavidos con agua, vinagre para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos ante una posible gasificación. Algunas señoras portaban banderas blancas en señal de paz; otros tenían wiphalas o bandera nacional quizás diciendo que ellos también son bolivianos. El Informe de la CIDH es contundente: “Los numerosos testimonios recibidos (…) son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva”. Empero, a contrarruta de los acontecimientos, el relato gubernamental sobre la masacre en Sacaba —y la perpetrada días después en Senkata— fue negacionista con explicaciones inverosímiles: “Los cocaleros se habrían disparado entre sí”, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue más lejos: “La mayoría murieron por balas de calibre 22 en la nuca, o en la espalda, o bajo un brazo. ¿Qué significa esto? Significa que la gente del MAS, aquellos que incitaron los disturbios, mataron a esa gente para encender la cosa”.
Desde el día siguiente a la masacre, la prensa del establishment fue la caja de resonancia de este relato gubernamental. Un periódico cochabambino y otro paceño usaron la misma frase: “Fuego cruzado”, otro utilizó la palabra “enfrentamiento” y hace poco, periodistas colaboracionistas con el régimen golpista emplearon la palabra “choque” para referirse a la masacre de Sacaba.
El gobierno de Áñez pretendió blindar esta masacre con un decreto supremo que presenta incoherencias y contradicciones jurídicas que seguramente serán develadas en un futuro juicio para esclarecer este hecho oscuro de la democracia boliviana. Esta masacre fue consecuencia del golpe de Estado de noviembre que, además, contó con la complicidad de fiscales, jueces y periodistas que contribuyen hasta hoy a la impunidad. Mientras tanto, en el puente Huayllani se erigió una apacheta, convertido en un espacio ritual simbolizando no solo un recuerdo y, a la vez, justicia para los caídos de la masacre, sino, a través de ellos, resarcir a la propia democracia boliviana.
Yuri F. Tórrez es sociólogo.
