El encuentro de candidatos a la presidencia el sábado, a instancias de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), sirvió de foro para conocer diversos aspectos de la propuesta programática de cada frente en competencia. Presente en los debates y la contienda política desde hace casi dos décadas, un tema es la descentralización.
En el debate, que muchas personas creen que no fue tal porque el formato impidió la interacción directa entre candidatos (lo cual a su vez sirvió para evitar la pérdida de valioso tiempo en recriminaciones, descalificaciones y desmentidos), la y los postulantes a la presidencia tuvieron ocasión de referirse al modo de gobierno establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), y aunque solo uno mencionó, muy indirectamente, este dato esencial, todos ofrecieron recetas, ora para producir desarrollo a partir de las autonomías, ora para explorar el camino hacia el federalismo.
El candidato del Frente para la Victoria, que habla de federalismo, propone destinar el 70% de los recursos estatales a los gobiernos subnacionales, dejando al nacional la tarea de “motivador” de empresas privadas; similar idea expuso el candidato de Creemos, quien sostiene que el Gobierno nacional ha transferido atribuciones y responsabilidades (competencias, en la CPE), pero no los recursos correspondientes. La candidata de ADN también reconoce “desorganización” en el modelo autonómico actual.
Por su parte, el candidato del MAS y el de PAN-Bol coincidieron en ofrecer mayores transferencias para favorecer el desarrollo local; el primero señalando la importancia de evitar la migración campociudad a través de proveer servicios básicos y fomentar las capacidades productivas, y el segundo a través de destinar hasta el 70% del presupuesto estatal a los “municipios productivos”.
Con excepción del candidato de Comunidad Ciudadana, ninguno de los aspirantes a la primera magistratura hizo referencia a la necesidad de conocer el estado del modelo autonómico iniciado en 2009; se limitaron a darlo por hecho y, en todo caso, a proponer profundizarlo. Cierto es que un espectáculo televisivo con tiempos de intervención muy breves no es el lugar para desarrollar este tipo de reflexiones, pero sí debiera ser el momento de mostrar una síntesis capaz de servir como evidencia de que el tema es más que una consigna para tranquilizar conciencias.
El hecho de que en 10 años de modelo autonómico no todos los departamentos tengan su Estatuto Autonómico y muy pocos municipios su Carta Orgánica, y que allí donde estos documentos constitucionales existen no se los aplica, es claro indicador de que hasta ahora han servido más como discurso de confrontación con el Gobierno nacional (o central, en este caso) que como horizonte de la acción política. Hay, por lo visto, una generosa retórica para el tema, pero que solo enmascara una débil vocación descentralizadora.
(05/10/2020)
