En días pasados se ha establecido la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) que hará por primera vez el monitoreo del proceso electoral en calidad de instancia nacional al mismo nivel que las misiones extranjeras de observación electoral. Dicha iniciativa está compuesta por un conjunto de organizaciones independientes de la sociedad civil, comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el país. El asunto tiene particular importancia puesto que se trata de un eslabón destinado a fortalecer el sistema electoral y el propio sistema político nacional.
Si algo se ha puesto en evidencia en el periodo reciente, es la absoluta debilidad del sistema de representación política, puesto que casi no existen organizaciones de representación política que cumplan a cabalidad con los atributos imprescindibles para que un colectivo de ciudadanos participe en elecciones competitivas. De ahí que se recurra al alquiler de siglas partidarias que todavía cuentan con registro electoral.
Además de las formalidades contempladas en las normativas electorales, las organizaciones de representación política deben cumplir con las siguientes funciones: (i) agregación de demandas de políticas públicas; (ii) educación política de su militantes; (iii) presentación de candidatos para las elecciones; (iv) responsabilidad por la conducta de sus militantes en el ejercicio de cargos públicos, y (v) rendición de cuentas sobre los recursos públicos administrados por la organización y sus militantes en ejercicio de competencias públicas.
Si éstos son los requisitos mínimos para participar en el ámbito político democrático en sus distintos escenarios y momentos, habría que instalar en el futuro un amplio debate respecto de la conveniencia de habilitar como sujetos colectivos de representación política a instancias corporativas, sindicales o de otra naturaleza. También es preciso tomar en cuenta que las funciones de representación política deben acomodarse a las circunstancias actuales de una globalización asimétrica, una enorme concentración de poder económico en monopolios transnacionales, la presencia de plataformas digitales que organizan y controlan la circulación de gran cantidad de mensajes, datos e información en tiempo real, que permiten la formación de grupos de ciudadanos con intereses y causas compartidas con capacidad de incidencia en los debates sobre cuestiones públicas.
En consecuencia, la deliberación sobre la adecuación necesaria de los partidos políticos a los nuevos contextos nacionales e internacionales de la circulación comunicativa constituye uno de los mayores problemas contemporáneos, que se refleja en manifestaciones de fatiga democrática o cuestionamiento al propio orden democrático en varios países del mundo.
Bajo las circunstancias mencionadas resulta hoy en día muy difícil trazar la línea divisoria entre la sociedad civil y la sociedad política, puesto que en todos los países existentes grupos y agentes con capacidad de influir en la concepción y gestión de las políticas públicas sin necesariamente cumplir con todos los requisitos de transparencia y rendición de cuentas. No es de extrañar entonces que se incumpla con la imprescindible separación entre el poder económico, el poder político y el poder mediático.
Por su propio estatuto de entidades independientes de los partidos políticos y los intereses empresariales, las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la generación de diversas iniciativas conducentes a superar la actual crisis institucional, así como las incertidumbres de la ciudadanía respecto del futuro, puesto que están en condiciones de hacer transparentes las diferentes etapas de la transición nacional, elecciones mediante, hacia un nuevo proyecto de país más inclusivo y democrático.
Horst Grebe es economista.
