Hay un redactor que se ha dado a la descarada tarea de tratar a todos quienes afirmamos que el 10 de noviembre de 2019 se produjo en Bolivia un golpe de Estado, de cultores de la posverdad porque “la historia la escriben los ganadores”, comparando lo sucedido el pasado año, de manera forzada e inconsistente, con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.
El gobierno de facto de Jeanine Áñez planeaba un indebido prorroguismo que en últimas horas fue desechado por la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), porque concluyeron que la transición hacia nuevas elecciones había quedado enturbiada por el hecho de que la autoproclamada decidió habilitarse como candidata, lo que desfiguró la agenda de los golpistas Mesa, Alarcón, Paz, Quiroga, Camacho, Justiniano, Doria Medina, Ortíz, Scarpellini y De la Torre, que vieron entorpecidos sus planes de búsqueda de una candidatura fuerte, capaz de plantarle cara al binomio masista Arce-Choquehuanca. En ese contexto, el inicial apoyo injerencista al gobierno de facto a la cabeza de Michael Kozak (Asuntos Hemisféricos EEUU) y Luis Almagro (OEA), terminó diluyéndose hasta que el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre, día en que empezaron a llover felicitaciones, incluida la de Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump.
¿En qué me baso para afirmar categóricamente que sí hubo una interrupción del Estado de derecho en el país hace un año? Primero, en la ruptura policial del orden constitucional a través de motines en los distintos departamentos del país; segundo, en la actuación militar que desconoció la autoridad de su Capitán General, el Presidente del Estado, “sugiriéndole” renunciar; tercero, en el anuncio que hizo la propia Áñez desde Trinidad a la red Unitel, dos días antes de su posesión, informando que llegaba para asumir el mando del país; cuarto, violando los artículos 169 y 170 de la Constitución que señalan expresamente que la sucesión presidencial alcanza hasta el presidente de la Cámara de Diputados y de ninguna manera a la segunda vicepresidenta por minoría del Senado, cargo que ostentaba.
No hay tal posverdad, considerando la suma de elementos objetivos que dieron lugar al arribo de la senadora beniana al poder, si además tenemos en cuenta que en una reunión producida el mismísimo 12 de noviembre por la mañana, las representantes del MAS, entre ellas las presidentas en ejercicio del Senado y Diputados, manifestaron que no podían decidir nada al estar ausentes sus jefes y que debían reunirse con su bancada, afirmación a la que uno de los golpistas respondió “tienen poco tiempo para hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes, nosotros tenemos nuestro plan B”. Fue en ese contexto definitorio que se consumó el golpe civil-policial-militar, facilitado por un invento del Tribunal Constitucional, so pretexto del riesgo de vacío de poder que justificaba la habilitación de Jeanine como presidenta.
La única posverdad que hasta aquí detecto es que el redactor en cuestión se autoproclama periodista, cuando todos sabemos en qué consiste esa cacareada independencia en la que siempre pretende escudarse: Conexiones con agencias estadounidenses que terminan tutelando las democracias que les incomodan, persecución mediática contra quienes complican los planes de su principal jefe con afiebradas versiones sobre supuestas compraventas de medios con actores inexistentes, esto es, fabricación de intrigas para intentar favorecer los planes de su mandamás, dedicado a administrar un medio en el que sí campea la posverdad, la media verdad, la manipulación, el chisme, el rumor, y una deplorable calidad de redacción, afirmaciones que iré sustentando cuando corresponda, con nombres y apellidos, fiel al estilo frontal con el que ejerzo el periodismo durante cuatro décadas.
Lo que se instaló en Bolivia, entre el 10 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020 fue el miedo a la persecución política, a la criminalización de ciudadanos y ciudadanas que salían a las calles en plan contraataque a la asonada golpista que tuvo funestas consecuencias como las de Senkata y Sacaba, territorios en los que el tenebroso Arturo Murillo, ministro de Gobierno, decía que se habían producido “disparos entre ellos”, esto es, entre masistas “terroristas”, “sediciosos” y más adelante, “narcotraficantes”.
Golpe de Estado, gobierno de facto y persecución extorsiva es lo que se produjo en el país, y quienes dicen que esta realidad pasa por la simplificación de que se trata de una posverdad, son unos colaboracionistas que con su complicidad contribuyeron a que se institucionalizara ese miedo producto del acoso, la amenaza y las fotografías publicadas en medios y redes en plan linchamiento. Si a esto le sumamos la “estrategia” que, para ganarle al MAS, Mesa y Áñez debían pactar según una nota del 17 de julio, el colaboracionista había sido también un chambón.
Julio Peñaloza es periodista.
