Lo hemos seguido de cerca, por el testimonio de las víctimas, la crudeza de las muertes y el reporte de los periodistas, aunque escaso (amerita un gran debate sobre esto): en Sacaba y Senkata hubo hechos fácticos, no narrativas.
Hay centenares de testimonios y documentos compilados en informes de instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos: Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch, Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su informe preliminar —rechazado por el gobierno de Jeanine Áñez— llamó a los hechos masacres.
Esos informes coinciden en que en Sacaba y Senkata, además de otros puntos de conflicto y de movilización en noviembre de 2019, hubo graves violaciones de derechos humanos y que la represión policial-militar terminó con decenas de fallecidos.
La Defensoría del Pueblo, en su informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos octubre-noviembre 2019, encontró que de las 37 muertes ocurridas en los conflictos poselectorales 27 fueron por impacto de bala, la mayoría de ellas en Sacaba, Senkata y La Paz.
La comisión mixta de la Asamblea Legislativa recibió un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que certificó que las muertes fueron a causa de impactos de bala de armamento de reglamento policial o militar. Las fotografías mostradas en su momento testifican el uso de, por ejemplo, ametralladoras y fusiles automáticos livianos (FAL).
Además, algunos de los heridos aún mantenían en sus cuerpos balas de reglamento.
Esos elementos no son una narrativa, son hechos que ocurrieron “de verdad”. Los testimonios de las familias así lo certifican.
Menospreciar esa tragedia humana es revictimizar a quienes sufrieron la muerte o lloran la ausencia de sus seres queridos. Es naturalizar la cruel acción del Estado sobre el derecho a la vida de las personas y criminalizar el derecho a la libre movilización.
Para quienes no quieren diferenciar hechos de las narrativas, valgan estos cuestionamientos: ¿Con qué fin fue promulgado el Decreto Supremo 4078 si militares y policías no iban a usar armas letales? ¿Cómo es posible que en el “enfrentamiento” solo hayan habido civiles muertos y militares o policías ni rasguñados? ¿Eran terroristas los movilizados?
La narrativa de los sucesos la instaló el gobierno de Jeanine Áñez. Narrativa es decir que los movilizados se mataron entre sí, como señaló insistentemente el exministro de Gobierno ahora prófugo Arturo Murillo.
Narrativa es decir que las Fuerzas Armadas no dispararon un solo proyectil, como dijo también de forma persistente el exministro de Defensa Luis Fernando López. Fotografías muestran a militares disparando FAL y desde los camiones de asalto, ametralladoras.
Narrativa es decir que los movilizados eran sediciosos o terroristas.
Narrativa es decir que los vecinos movilizados tenían el plan de “volar” a dinamitazos la planta de Senkata y con esa acción “matar” a alteños en un gigantesco radio. Y es una falsedad que el muro de la planta haya sido derribado a dinamitazos (hay videos de esa acción perpetrada a empujones).
Narrativa es que con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía se “pacificó” el país, como repetía Áñez.
Narrativa es ignorar todos esos informes creyendo que no tocan otras muertes. La diferencia de las muertes en Sacaba, Senkata y el sur de La Paz fueron por la intervención de fuerzas del Estado, no por civiles. Al final, esas muertes también fueron investigadas y los culpables merecen también la sanción.
Rubén Atahuichi es periodista.
