Durante la crisis política de octubre-noviembre de 2019 y meses siguientes hubo violaciones de derechos humanos, de principios constitucionales y se cometieron delitos por doquier. También en los espacios digitales y en soportes informáticos.
Una práctica que se hizo común entre personas de bandos políticos contrarios e incluso por policías fue el acceso a celulares y smartphones de forma no consentida con la intención de acceder a conversaciones de mensajería, fotos y videos. Vimos denuncias en redes sociales y quizás por eso, no nos percatamos que eso es un delito.
Esta práctica se la realiza con la intención de “incriminar” a alguien en algún delito o de demostrar que piensa diferente y por eso merece alguna sanción. Todo está mal en esta práctica.
Primero, las personas tenemos garantizado constitucionalmente nuestro derecho a la privacidad. El artículo 21.2 de la CPE dice: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: a la privacidad, intimidad, honra, propia imagen y dignidad”.
Las comunicaciones a través de sistemas de mensajería, sea WhatsApp, Telegram, Messenger, Signal u otra, forman parte de nuestra privacidad. Nadie puede acceder a ellas sin consentimiento. El consentimiento debe ser informado y no coaccionado, si existe una presión de parte de una autoridad o un civil que amenaza con violencia si no se da acceso, no es un acceso consentido.
De hecho, esto es un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 363° ter. “(ALTERACION, ACCESO Y USO INDEBIDO DE DATOS INFORMÁTICOS). El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta doscientos días.”
Supimos de personas en El Alto que exigían a pasajeros de aviones mostrar carnets de identidad y dar acceso a celulares para darles permiso de paso, supimos de un funcionario público que estaba siendo coaccionado por policías para darles la contraseña de su celular y estos policías revisar el celular sin el titular presente, supimos de personas en las rotondas de Santa Cruz exigiendo acceso a celulares para verificar que las personas no tenían conversaciones afines a una organización política y así darles permiso de paso.
Ciudadanía y autoridades obviaron o desconocían que estaban cometiendo delitos contra la privacidad y con bravuconerías exigían acceso a conversaciones privadas.
Lo preocupante es que esta práctica se extienda y se normalice. Tiene que quedar claro que es un abuso y un delito, y que se puede tomar acciones legales al respecto.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com
