La violencia contra las mujeres es estructural y hay una dura resistencia para reconocer que existe y de la necesidad de un cambio que permita que las mujeres tengan los mismos derechos políticos que los hombres y que no sean amedrentadas por ejercerlos.
En el mundo político es de suponer que estos esquemas machistas se expresen de maneras incluso más violentas y crueles. Los reportes del Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional y de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) proporcionan evidencia al respecto. Por esto, en 2012 se aprobó la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres que reconoce el problema del ejercicio violento de la política especialmente en contra de las mujeres. El objetivo de los agresores es evitar que las mujeres tengan poder en el espacio público y que no ejerzan sus derechos políticos.
Esta ley se elaboró y aprobó como reacción al asesinato de Juana Quispe, concejal electa del municipio de Ancoraimes. Es tremendo que se tenga que elaborar leyes porque la gravedad del problema tiene un pico con un asesinato.
La gama de acciones políticas violentas contra mujeres pasa por usarlas para que ganen una concejalía y después de unos meses o un año obligarlas a dejar el cargo a su suplente hombre, evitar que asistan a sesiones, amenazarlas con violaciones sexuales, insultarlas, ridiculizarlas, agredirlas físicamente y matarlas. Estas acciones violentas se expresan también en internet. El ciberacoso tiene el objetivo de denigrar la imagen de las mujeres políticas, las prácticas más comunes son compartir información personal sin consentimiento, organizar grupos de personas o bots para atacar y amenazar a las mujeres y a sus familias por diversos servicios de mensajería, entre otros.
Los videos sexuales íntimos de Jeanine Áñez y de Eva Copa que circularon el año y anteaño pasados como invitación a meternos en su intimidad, juzgarlas y usarlas como material pornográfico incluso tenían ese objetivo. Llama la atención que no exista ningún video de un político hombre con esos mismos fines. Que ambos videos hayan sido falsos, es decir, en ningún caso se trataba de las autoridades políticas, no exime la intención de denigrar y que sea un delito. Es injuria y es violencia política que tiene una pena de 3 a 8 años.
A pesar de los ejemplos, legislación y esfuerzos por combatir este triste aspecto de la vida política nacional hay personas que descalifican este fenómeno, niegan su existencia y su especificidad de género. La política es así ¿para qué se meten?, dicen. A las mujeres no nos corresponde estar en casa y dejar que la vida pública sea gestionada por los hombres.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com
