Balance preliminar. Justo antes de que se diera inicio al periodo de campaña electoral para las venideras elecciones del 7 marzo, una buena parte de la opinión pública, junto con algunos actores del proceso electoral, solicitó el aplazamiento de la fecha de elecciones. El pasado proceso electoral había sido postergado tantas veces que la solicitud insistía en el malhadado supuesto de que existía una confrontación entre el derecho a la salud y los derechos políticos. Hoy, las experiencias, los datos y estudios han probado sobradamente que se trató de un falso dilema y que, en un primer momento de la pandemia, por miedo se cedió demasiado de nuestras libertades y derechos civiles y políticos.
Además de la pandemia y debido al anómalo escenario político en el cual se llevaron adelante las pasadas elecciones, el Órgano Electoral tuvo que lidiar con una infinidad de presiones que provenían de actores políticos y que obstaculizaban continuamente el desarrollo del calendario electoral. Por ello y a pesar del éxito del proceso electoral en su conjunto, algunas actividades atravesaron problemas o polémicas, tal fue el caso de su campaña comunicacional y el sistema de transmisión rápida de actas Direpre.
Para las elecciones del 7M el resquebrajado escenario político- institucional de 2020 no solo se ha ido “recomponiendo” producto de la certidumbre emergente de las elecciones generales, sino que además —producto del carácter propio de esta votación— se ha ido descentralizando hacia la multiplicidad de niveles locales en los cuales se juega la actual competencia electoral; esto ha generado que la presión política también se atomice, ubicándose ahora regionalmente. A pesar de todo ello, estas últimas semanas el TSE ha vuelto a retomar centralidad en algunas decisiones que serán relevantes en el desenvolvimiento global del proceso electoral en su recta final, esto ha ocurrido producto de la constitución del TSE como instancia de apelación del debido proceso electoral, particularmente en estas elecciones y también como resultado de las insanas prácticas de campaña en nuestra política (que reserva las últimas semanas para “golpear” a candidaturas contrincantes; antes solo mediática, ahora también judicialmente, extendiendo la práctica law fare al campo electoral).
A pesar de todo ello, se puede decir que el escenario político-institucional bajo el cual se desarrolla el actual calendario electoral es, por mucho, más favorable que el del año pasado; esto sumado al aprendizaje acumulado por parte de la institucionalidad electoral y la ciudadanía en el desarrollo de procesos electorales en pandemia. Con estos insumos, se puede poner provisionalmente en la balanza lo bueno: que viene siendo el nítido aprovechamiento de estas fortalezas que permitieron el desarrollo del calendario electoral con normalidad (salvo algún traspié en el sorteo de jurados que tuvo que, inéditamente, repetirse) y una campaña comunicacional del OEP mucho más sobria, oportuna, detallada y, sobre todo, altamente pedagógica y alejada de la polémica política. Y, lo malo: la confirmación de que la crisis política de 2019 mantiene en la desconfianza parcial a uno de los padrones más auditados de nuestra historia, instala nuevas incertidumbres sobre herramientas normativas relativamente nuevas (campañas y, sobre todo, encuestas) y nos devuelve en el tiempo tecnológicamente, dejando atrás un sistema de transmisión rápida de actas que no ha podido volver a implementarse, al menos por ahora.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
