En las dos últimas semanas se ha conocido que el Ministro de Justicia y la bancada de Comunidad Ciudadana han elaborado sendos proyectos de Ley de Acceso a Información Pública. Celebro ambas iniciativas que muestran el interés de dos posiciones políticas por ponernos al día en la garantía de derechos ciudadanos. Bolivia junto a Venezuela y Suriname. Si miramos a América Central, tres países más se unen a este triste grupo: Costa Rica, República Dominicana y Haití.
Es verdad que contamos con un Decreto Supremo 28168, la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Ley 341 de Participación y Control Social que dan algún marco legal para acceder a información pública, pero ninguna establece plazos obligatorios para que las instituciones públicas provean de información pública a la ciudadanía, por lo tanto, el acceso depende de la voluntad de cada funcionario que atiende estas solicitudes.
Este vacío legal lleva a desconocer las características de las políticas públicas que implementa el Estado y evita que la ciudadanía ejerza un rol de control social real y de coparticipación en las soluciones a los problemas comunes.
Hay mucho que conversar acerca de estos proyectos de ley pero ahora me quiero centrar en un aspecto, en una ley que es complementaria y que también viene recibiendo atención de parte de algunas instancias del Ejecutivo, de la Asamblea legislativa y de la sociedad civil desde hace unos tres años, es la Ley de Protección de Datos Personales. Este puede ser un buen momento para debatir y aprobar ambas leyes que tienen un enfoque común al ser garantistas de derechos.
Por un lado, la Ley de Acceso a Información Pública pretende garantizar el acceso a información de la gestión de gobierno y, si bien, los proyectos legislativos que se están elaborando no incluyen específicamente el acceso a datos abiertos —hasta donde sabemos—, es lógico que se incluyan porque son, digamos, un tipo de información pública.
Por otro lado, no sería correcto que cualquier persona acceda a datos personales de la ciudadanía poniendo como marco esta Ley de Acceso a Información Pública cuando se trate de bases de datos gestionadas por el Estado, eso vulneraría la privacidad de las personas. Entonces, se requiere una Ley de Protección de Datos Personales para preservar los datos de los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno y las empresas administran.
De esta manera, se legisla garantizando el derecho de las personas a acceder a información gestionada por el Estado y también se legisla para garantizar el derecho a la privacidad de la ciudadanía. Vamos a darle atención a ambas leyes y esperemos que efectivamente se debatan y aprueben en la Asamblea.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. Blog: www.internetalaboliviana. word-press.com
