He dedicado mis últimas columnas (Encuestas hoy aún sin ‘encuestitis’, 02/02/2021, y De encuestas y elecciones subnacionales, 16/02] para la pedagogía de entender las encuestas, lo que en cada período electoral reitero y que motivó varios de mis libros (Cómo ganar elecciones, Plural 2019; Manual para ganar elecciones, Palibrio 2013; De encuestas y elecciones en Bolivia 2009, KAS 2010; Encuestas, medios y elecciones, KAS 2003, y Manual para campañas electorales, UCB 2002]. Pareciera que, más que “no entenderlas” el quid es “no querer entenderlas”, lo que hace pensar en pobres entendederas o graves despechos —sobre todo de políticos que parecen los “aprendices de brujo” de Goethe y Dukas y no de Nilsson.
Sin entrar en números, solo un estudio autorizado y verificado por el Tribunal Supremo Electoral (Ciesmori, 24/01) tuvo un alcance cuasi nacional con las intenciones de voto para las candidaturas habilitadas en las nueve gobernaciones y en las alcaldías de las ciudades capitales del eje central y El Alto; otras tres siguientes (Ciesmori 11/02 y 25/02 y Focaliza 21/02) se centraron en las tres gobernaciones del eje central y en las alcaldías de sus ciudades capitales más El Alto, priorizando el criterio de que en los tres departamentos está el 73,2% de los electores habilitados (5.217.985 de los 7.131.075 habilitados en todo el país) y, a su vez, en las ciudades investigadas está el 41,5% de todos el padrón nacional habilitado (2.957.523, encabezados por Santa Cruz de la Sierra con el 15,2% y El Alto con el 9,9%). Los dos estudios de intenciones de voto de Captura Consulting (05/02 y 25/02) se centraron en el departamento de Santa Cruz y su ciudad capital; lamentablemente, hasta hoy, a dos días inclusive de iniciar el silencio electoral, no hay otras investigaciones autorizadas por el TSE o los TED que hayan sido difundidas, como puede encontrarse en el blog www.encuestaseleccionesbolivia.bo.
La falta de otras investigaciones autorizadas se entiende por la dificultad de financiarlas, tanto tras dos procesos nacionales seguidos (2019 y 2020) y la reducción de financiamientos por la pandemia, lo que ha provocado que estemos en nebulosas respecto a los probables comportamientos electorales en seis de los departamentos del país, con casi el 27% de los electores habilitados.
Me referiré ahora a otra faceta de la “desinformación”: Un interesante artículo de Iván Bustillos (La incomodidad de las encuestas, 24/02] insiste claramente en lo que señalé al inicio de esta columna: la “incredulidad (sobre todo en los políticos si no les favorecen, apostillo yo) sobre las encuestas”, cuestionamiento y suspicacia que en este período parte de declaraciones del expresidente Morales acusando “a las encuestadoras de ‘instalar en 2020 la idea de una inevitable segunda vuelta’ (sic) entre Luis Arce y Carlos Mesa”, incurriendo en el común error de obviar los llamados “votos residuales” que aparecen en las intenciones de voto totales —prorrateados y proyectados todos estos “residuales” a votos válidos, aunque funcionan con casi nula moderación cuando los residuales son altos, como sucedió al proyectar las 34,0% intenciones totales para un candidato a gobernador de Cochabamba con el 42,4% de residuales para dar un poco creíble 59,0% de intenciones “válidas”.
La lectura de requisitos y salvaguardas que la Ley N° 026/2010 “Del Régimen Electoral” define en su Sección VI “Estudios de Opinión en Material Electoral” evitaría a políticos angustiados incurrir en festinadas recomendaciones de “auditorías” y propuestas de algún “proyecto de ley que busca regular la labor de las encuestadoras, para que no generen ‘desinformación’” (Bustillos) porque lo único que hacen —amén del ridículo por desconocimiento— es cuestionar al ya vapuleado Órgano Electoral.
José Rafael Vilar es analista y consultor político.
