Durante la conferencia de Bretton Woods de 1944, se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del sistema económico internacional que reconfiguró el nuevo escenario mundial con la división de las áreas de dominio e influencia territorial, incurriendo en un colonialismo moderno. La finalidad de su creación versa en la estabilidad del sistema monetario internacional, a objeto de garantizar la estabilidad financiera de los países miembros, políticas que fueron aplicadas en la época de posguerra.
La participación del FMI en Bolivia fue poco significativa hasta los años 70, alcanzando protagonismo después de la crisis de la deuda y el final de la guerra fría a finales de los años 80. En concordancia con estos hechos, esta entidad cambió sus directrices adoptando su interés en el liberalismo económico, por lo que este contexto fue el espacio propicio para el relanzamiento y posicionamiento ideológico en la región.
Durante la primera parte de los años 80 del siglo XX, Bolivia estaba en plena crisis económica producto de la elevada deuda externa, que tuvo consecuencias funestas como la hiperinflación, únicamente comparables con épocas de conflictos bélicos, decrecimiento del Producto Interno Bruto, y un descontento generalizado con un gobierno popular que intentaba enarbolar las banderas de la revolución nacional, pero que dada esta situación extrema, abandonó los ideales nacionalistas. Asimismo, el deterioro de los términos de intercambio de nuestro país, exportador de materias primas, condujo en el largo plazo al desequilibrio de la balanza de pagos, lo cual obligó a la búsqueda de financiamiento externo con la finalidad de salir de esta extrema situación.
Este escenario se convirtió en una oportunidad propicia para ejercer el dominio del FMI sobre un país en extremo necesitado de recursos externos para superar la crisis, por lo que a mediados de los años 80 se gestó la intervención de organismos internacionales que prepararon sendos paquetes de medidas tendientes a contrarrestar y superar la crisis del país, pero que a la par imponían la ideología de los países desarrollados. Con la implementación del Programa de Ajuste Estructural, el FMI condicionó la otorgación de créditos, implementando el chantaje de los denominados “créditos atados”, estas medidas de naturaleza ortodoxa lograron controlar la hiperinflación y estabilizar el tipo de cambio, pero el costo social fue muy alto, ya que demandaban ajustes de índole económico de carácter regresivo.
Las medidas afectaron principalmente a los sectores más vulnerables, que perdieron su fuente de empleo y se vieron obligados a desarrollar actividades desconocidas para ellos, sin alternativa alguna que pueda representar un empleo sustituto; por otra parte, se incrementaron los niveles de pobreza, de desigualdad, se acentuó la discriminación clasista y se profundizó la pigmentocracia, entre otras consecuencias.
En los años 90, cuando la economía boliviana viraba hacia el neoliberalismo, se estableció la segunda etapa del programa de ajuste estructural, cuyo elemento central era el proceso de privatización de las empresas públicas, sin importar su nivel de rentabilidad; este proceso se denominó “capitalización”, cuyo objeto era ceder el patrimonio nacional a empresas extranjeras a precios que solo consideraron su valor en libros. Este hecho representó para los gobernantes de turno el beneplácito de los organismos internacionales y principalmente del FMI, poco a poco las empresas públicas pasaban a manos privadas afectando a miles de trabajadores que se vieron de la noche a la mañana sin empleo.
A principios del nuevo milenio, la ideología implementada se había afianzado con la intensificación del libre comercio y se pretendía completar el proceso de privatización de las empresas estratégicas, que tenían un componente residual en propiedad de los bolivianos. El FMI condicionó nuevos créditos para completar las transferencias plenas de las empresas públicas a manos privadas, utilizando como argumentos el déficit fiscal y la implementación de un impuestazo que afectaba directamente a la clase trabajadora del país. La reacción de la población ante semejante situación generó una crisis política que derivó en conflictos internos que costaron la vida de muchos compatriotas, en tanto el FMI y otros organismos internacionales observaban el desenlace de los sucesos que ellos habían generado en complicidad con la clase política entreguista que gobernaba el país.
En 2020, después de 15 años de ausencia, el gobierno de transición acudió a esta instancia internacional bajo la excusa de atender la pandemia, negociando de esta manera recursos condicionados que significaban para los bolivianos retornar a los años de dependencia económica, perder la soberanía y someter a nuestro país a cambio de dólares foráneos; una operación que, además, no tenía ningún tipo de legitimidad y que vulneraba la normativa constitucional, razones suficientes para devolver los recursos indebidamente recibidos.
La historia descrita muestra solo sombras en el paso desafortunado del FMI por Bolivia, senda que solo dejó luto, pobreza y recesión para la mayoría de la población boliviana.
Gustavo Gómez es economista.
