Definido el objetivo nacional de la explotación de los recursos naturales: su carácter estratégico y público para el desarrollo del país; establecida la política minera: la acción para dar valor agregado y excedentes económicos para beneficio del pueblo boliviano; se determina los actores para este fin: estatal, privado y cooperativas.
Cada sector tiene su naturaleza propia: el sector privado por la acumulación de capital para intereses particulares, mayoritariamente transnacionales; las cooperativas mineras por su carácter social, sin fines de lucro, y la empresa estatal, obligada a dar réditos económicos para beneficio del pueblo boliviano. De allí nace el carácter estratégico de la empresa estatal minera, sin la transferencia de recursos al Estado es inalcanzable el desarrollo nacional. Un análisis del sector muestra que del valor exportado —$us 4.175.431.507 en 2018—, al sector privado correspondió el 51,29%, al cooperativo 41,88% y al sector estatal, 6,80%. De la misma manera la distribución de áreas mineras muestra que el sector privado dispone del 63,49%, las cooperativas del 23,80% y la Comibol, del 12,69%.
Esto nos obliga al análisis minucioso de la Comibol actual.
Con el neoliberalismo, la empresa estatal es una administradora de contratos de arrendamiento y riesgo compartido, en un proceso de liquidación de todo su patrimonio. Hoy su función legal es hacer contratos, cobrar y cuidar el resto de patrimonio que le queda, mucho del cual ha sido transferido al Tesoro General de la Nación. En el Proceso de Cambio ha venido asumiendo funciones de carácter productivo a través de sus empresas subsidiarias, sin cambiar su naturaleza de empresa del sector público, ni su estructura administrativa en la dinámica que requiere una empresa productiva. La creación de empresas filiales, para dar paso a procesos productivos como Huanuni, Colquiri, Karachipampa, Corocoro, era una medida coyuntural mientras se definiera la Ley de Minería. Aprobada la ley en 2014, aún no se ha puesto en vigencia.
La casa matriz debe velar por la planificación estratégica, la ejecución de proyectos, la creación de empresas, su integración en la cadena productiva, establecer las normativas para su funcionamiento y la supervisión. Estas labores no son propias de una empresa del sector público, son tareas que tienen otra dinámica donde la utilidad económica es el parámetro de su eficiencia y no el cumplimento de un presupuesto. Ante el interés económico prima la acción oportuna, por lo que requiere un personal altamente calificado para tomar decisiones, formular proyectos y hacer el seguimiento y la fiscalización en su ejecución. La administración debe ser ágil para tomar decisiones inmediatas en cualquier emergencia en la producción o las variaciones del mercado de los minerales.
Las empresas filiales tienen autonomía para la producción, es su única labor; asumir labores de planificación y ejecución de proyectos superan sus capacidades, a la vez descuida su tarea principal, la eficiencia productiva. Esto no implica que se descuide su sostenibilidad, la que debe ser encarada con evaluaciones del comportamiento del yacimiento, la incorporación de nuevas tecnologías, seguimiento al mercado; elementos de evaluación diaria de la casa matriz.
Hoy se habla de atraer inversiones, nuevos contratos, pero no se dice nada de nuevos emprendimientos productivos en la Comibol. Es cómodo vivir de los arriendos, por más míseros que sean. El desafío en este momento histórico es integrar toda la cadena productiva, desde la exploración, explotación, fundición, industrialización y comercialización, es la única manera de aprovechar eficientemente la explotación de un recurso natural no renovable, con valor económico intrínseco.
La Comibol entonces, con las alas cortadas, marcha al ritmo del neoliberalismo: está condenada a un rol meramente administrativo. La burocracia es un lastre, sus gastos son mayores que las rentas que obtiene.
Últimamente hemos visto tensión entre las empresas mineras filiales y la fundición de Vinto —que según la ley minera están integradas en la Comibol—, su autonomía les permite contraer deudas y no pagarlas para finalmente recurrir a la casa matriz para solucionar el entuerto, olvidando que la transferencia de recursos económicos a las filiales está prohibida. De hecho, la autonomía es tan liberal que no beneficia ni a Comibol ni a las empresas.
El cambio no puede esperar más, hay que asumir el desafío de reconstruir la empresa estatal minera.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
