Este mes iniciamos en Bolivia el gran desafío de la vacunación masiva. Y llegamos a la primera semana de abril llenos de incertidumbre. La información sobre el Plan Nacional de Inmunización es dispersa, confusa y muchas veces contradictoria. Estamos expuestos a una serie de conferencias de prensa de diversas autoridades que solo contribuyen a una mayor confusión. Como nunca, comprendemos (y extrañamos) el sentido de un Ministerio de Comunicación que pudiera aportar una estrategia de mensajes y vocerías medianamente organizada. A este desastre comunicacional se suma el hecho de que los gobiernos departamentales y municipales tendrán nuevos gobiernos el próximo 3 de mayo, y las autoridades salientes están más distraídas en el cierre de sus funciones que de participar activamente en la lucha contra la pandemia.
Veamos qué contribuye a la incertidumbre de la población. La primera pregunta que nos hacemos está referida a la interconexión que existe (o no) entre el recién lanzado sistema de prerregistro nacional de vacunación contra el COVID-19 y las diversas plataformas de registro ya existentes de los gobiernos municipales, el Sistema Único de Salud (SUS) y las Cajas de Salud. ¿Será que las ciudadanas y ciudadanos nos registraremos en todas, esperando que alguna tenga utilidad? Al presentar la herramienta, la viceministra de Promocion, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, afirmó que esta plataforma del prerregistro está vinculada con el registro nominal de vacunación electrónica que está disponible en todos los establecimientos donde se vacuna; sin embargo, nos siguen exigiendo como requisito para la vacunación el registro previo del SUS (que implica un trámite de al menos cuatro días). Ayer, el Sedes La Paz aclaró que el proceso de vacunación se realizaría según la numeración de nuestro CI, con prerregistro o sin él; el municipio de Santa Cruz ya lleva un mes registrando en su propia página web y las Cajas de Salud están pidiendo actualización de datos en sus propias plataformas. Así, nos preguntamos: ¿Cuál la utilidad real de este nuevo registro nacional?
Una segunda pregunta surge de la eficiencia en los procesos de vacunación en los departamentos, liderados por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes). Según el Plan Nacional de Inmunización, la primera fase de la vacunación contemplaba la inmunización de personal de salud y personas con enfermedad de base. El propio ministerio calculó dicha población en un universo de 1.497.228 personas. El resultado es que, al 31 de marzo apenas hemos alcanzado a 186.985 inmunizaciones; es decir, un 12% de lo esperado. La Defensoría del Pueblo ha levantado información sobre este pésimo desempeño y denuncia deficiencia en la información sobre fechas y requisitos de la vacunación, lo que deriva en escasa afluencia en los puntos de inmunización. Además, “después de hacer largas filas, algunos pacientes no eran vacunados por falta de algún documento, dado que en cada centro los requisitos varían”. Nos preguntamos: ¿Alguna autoridad nacional está realmente coordinando y supervisando el trabajo de los Sedes o estamos librados a la suerte de tener una buena o mala autoridad departamental?
Siguiendo el plan, ahora corresponde la vacunación de personas de 60 años o más, además de atender el rezago de los enfermos crónicos, así como la aplicación de segundas dosis. Solo contando a las personas mayores, se trata de una población de 1.200.000 personas. La semana pasada, el Sedes La Paz informaba la atención en los centros de primer nivel tan solo de 08.00 a 14.00, según nuestro número de carnet. ¿De verdad no podemos hacerlo mejor?, ¿las autoridades del Sedes están asumiendo la responsabilidad de atender una pandemia?
La vacunación masiva es la tarea en la cual los flamantes gobiernos subnacionales y el ya no tan flamante Gobierno nacional no pueden aplazarse. No solo nuestra salud, sino también la economía y la estabilidad política del país dependen de ello.
Lourdes Montero es cientista social.
