A los pies del Cristo Redentor, el 4 de octubre de 2019, en medio de un atiborrado de gentío asistente al cabildo, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho lanzaba una profecía: “Hemos definido rebeldía y desobediencia, ante un posible fraude. Es nuestro derecho y no es sedición, es soberanía”. Acto seguido, a las dos semanas, el 20 de octubre, noche de los escrutinios, gracias a la suspensión de los datos electorales preliminares no vinculantes, Carlos Mesa, candidato presidencial, llamaba a una movilización arguyendo un “descomunal fraude”. Entonces, para el bloque opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS), la profecía se autocumplía.
Pero, no fue profecía —o plegaria divina obispal. Fue parte de una confabulación conspirativa que desembocó en un golpe de Estado. Esta tramoya política se ajusta a un delito penal: la sedición. El Código Penal establece que los culpables de esta transgresión “serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que, sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, (…) ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”. En concordancia a los hechos, hay indicios inequívocos que hubo una sedición para el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
Hace mucho tiempo, la tramoya golpista se fue gestando. Su clímax fue en octubre/ noviembre 2019. El politólogo Gene Sharp, con relación a los novedosos golpes de Estado del siglo XXI, señala que son resultado de estrategias conspirativas para derrocar gobiernos democráticos. Las fases conspirativas delineadas por Sharp se ajustaron a la maquinación golpista contra la democracia boliviana. La primera de ablandamiento, se remonta al referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, donde se estableció las matrices discursivas; luego, en la segunda fase se orientó a deslegitimar el liderazgo político de Morales posicionando la idea del “tirano”. La tercera fue del “calentamiento en las calles” con movilizaciones promovidas desde las plataformas ciudadanas con la consigna “Bolivia dijo NO”. La cuarta etapa fue un pastiche de diversas estrategias desplegadas (guerra psicológica, racismo, violencia física, etc.) en el curso de la movilización “ciudadana”, poselecciones de 2019. Finalmente, la etapa de la fractura institucional, o sea, el golpe de Estado.
Hoy el debate sobre el golpe de Estado esquiva la etapa conspirativa previa. Se hace imprescindible investigar este periodo sedicioso para esclarecer las fuentes de financiamiento, descifrar el modus operandi; esclarecer la participación directa e indirecta de políticos, dirigentes cívicos, militares, policías, diplomáticos extranjeros, religiosos, periodistas e inclusive intelectuales. Al parecer, las movilizaciones urbanas poselecciones de 2019 no fueron el inicio para la renuncia presidencial forzada de Morales, como se esfuerza en señalar la inteligentsia golpista, sino, todo lo contrario, el corolario de una cruzada conspirativa que desembocó en la ruptura constitucional.
Entonces, las pesquisas deberían empezar con una pregunta del entrañable Sherlock Holmes: ¿A quién benefició el crimen? O sea, ¿a quiénes benefició el golpe de Estado? Quizás, por esta ruta holmesiana se identifique a los responsables de la conspiración, ¿quiénes pactaron con policías y militares?, y, finalmente, en el periodo posgolpe, ¿quiénes se beneficiaron con la liberación de impuestos?
Yuri Tórrez es sociólogo.
