El viernes 5 de febrero de 2021, la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió, por mayoría, que su jurisdicción regional en el caso de Palestina, que es un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI, se extiende a las tierras ocupadas por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
La fiscal Fatou Bensouda tomó la determinación, el 3 de marzo, de avanzar en la investigación de los crímenes cometidos por la ocupación y los perpetrados a sangre fría por las bandas de ocupación a través de una larga etapa de injusticia histórica. La CPI se ha basado en principios legales y éticos, y se esfuerza por lograr la seguridad y la paz globales de acuerdo con el Estatuto de Roma. Su decisión permite la detención de líderes políticos y militares israelíes acusados de crímenes de guerra y de genocidio contra los civiles indefensos de nuestro pueblo palestino.
La determinación de la CPI es un paso que fortalece el frente internacional contra los asentamientos y la ocupación, que se basa en un consenso internacional basado en el derecho internacional, y se coopere con él para poner fin a estas prácticas ilegales y delitos.
“Israel” rechazó la decisión de Bensouda, mientras que la Autoridad Palestina la acogió con satisfacción. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó con vehemencia la decisión del tribunal y la consideró antisemita, lo que consideramos una manipulación y un engaño barato del lema antisemita. Netanyahu decidió el jueves 8 de abril no cooperar con la investigación; después de reunirse con ministros y funcionarios de alto rango, llevó a cabo deliberaciones y definió que «Israel dejará en claro al fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda, que no tiene poderes para iniciar una investigación contra Israel, que no cooperará con él».
A pesar de todos los intentos del gobierno de ocupación israelí de eludir la decisión de la CPI y tratar de interferir en la naturaleza del trabajo y la especialización de la Corte y cuestionar su jurisdicción y escapar de la justicia; después de la Corte, su órgano competente realizó un estudio preliminar de los crímenes israelíes cometidos por las bandas del ejército de ocupación y sus líderes, y el tribunal confirmó que se iniciaron las medidas para investigar la situación en Palestina, y que la decisión de abrir una investigación se produjo a raíz de una minuciosa investigación preliminar llevada a cabo por la oficina durante casi cinco años.
El gobierno israelí también ha amenazado a la Autoridad Nacional Palestina con tomar duras medidas si participa en la investigación con la CPI por crímenes de guerra en los territorios palestinos. Desde entonces Israel se había embarcado en una serie de restricciones a los líderes palestinos y un intento de chantajearlos limitando su movimiento entre las ciudades palestinas y el extranjero después de que interceptara el automóvil del ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, «y retiró la tarjeta de paso de los dignatarios palestinos, y sometió a los escoltas a una investigación. Nadie me oculta que este trámite se produjo por el importante papel que juega el Ministro de Relaciones Exteriores palestino, especialmente en la preparación de los expedientes necesarios”.
Una de las cosas más extrañas es lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien se opone firmemente y está decepcionado por el anuncio de la Corte, y agregó que la CPI no tiene jurisdicción sobre este tema, además de los mensajes amenazantes de Estados Unidos e Israel enviados a los líderes palestinos de que la demanda de una investigación sobre los crímenes de «Israel» era una línea roja que Tel Aviv no aceptaría.
Quizás los países del mundo estén obligados a fortalecer y ampliar el ámbito de interés en la aplicación del derecho internacional, enfrentar a todos aquellos que violan la ley y poner fin a los crímenes cometidos por el gobierno de ocupación militar, y que este paso contribuya directamente a proteger los derechos humanos palestinos.
Los esfuerzos internacionales deben continuar en este campo en la implementación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y la necesidad de que los gobiernos del mundo y la comunidad internacional apoyen las decisiones de la CPI.
Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.
