El 2021 seguirá siendo un año de emergencia. La economía no se reactivará totalmente mientras el riesgo de nuevos contagios masivos persista. Mientras no pase eso, seguirá siendo un tiempo excepcional, un paréntesis, un momento de gestión de la emergencia. Pero lo que vendrá inmediatamente después es quizás lo más complejo: el mundo de antes de la crisis no retornará, por tanto, el modelo socioeconómico tendrá que renovarse o su crisis podría profundizarse.
Ya ha pasado algo más de un año desde el inicio de la pandemia y la lenta pero inexorable descomposición de todas nuestras certezas económicas y seguridades. El moderado rebote de la actividad económica a inicios de este año está opacando los daños que la crisis múltiple ha producido en las capacidades del aparato productivo, en la confianza de los agentes económicos y en el potencial de inversión de mediano plazo de la economía. Lo que se ha dejado de ganar en meses de paralización no será recuperado fácilmente o quizás ya se ha perdido para siempre.
Estadísticas recientes empiezan a mostrarnos la complejidad del cuadro social que tendremos que enfrentar en los próximos años: muchos hogares han erosionado sus ahorros y tuvieron que sacrificar muchos de sus activos productivos para sobrevivir y otros tantos están volviendo a trabajar, pero en condiciones más precarias y con salarios más reducidos.
Los bonos y medidas de compensación social que se han venido ejecutando han sido cruciales para mitigar situaciones de precarización que se estaban tornando muy delicadas. Paradójicamente, la propia persistencia del contagio y de la situación de excepcionalidad, con sus segundas y terceras olas, está ayudando a sostener la paciencia social. Aunque su situación económica se sigue deteriorando, muchos ciudadanos están concentrados en sobrevivir, aguantan, asumiendo que cuando la crisis acabe las cosas solo pueden mejorar. Las expectativas están sosteniendo la paz social.
Por esa razón, quizás los momentos más riesgosos para la política y el Gobierno no serán los siguientes meses de anormalidad, mientras la vacunación avanza, la enfermedad sigue acechando y las compensaciones se siguen repartiendo; sino el tiempo que viene después, cuando salgamos agotados de la crisis y tengamos la esperanza de que todo debería mejorar.
El problema es que quizás ya no haya retorno posible al mundo prepandémico, no solo porque las condiciones externas y macroeconómicas del país se han transformado, sino también porque los agentes económicos y los actores políticos ya no son los mismos, tienen capacidades erosionadas, incentivos diferentes y situaciones de partida modificadas.
El futuro económico que la política tendrá que construir no se puede entonces resumir a la repetición de las recetas del pasado, desarrollistas o neoliberales, sobre todo porque en muchos casos ya no hay condiciones para replicarlas.
Al gobierno del presidente Arce se le va a responsabilizar, por tanto, no únicamente sobre el manejo de la emergencia, sino también acerca de su capacidad para perfilar y encarrilar un conjunto renovado de orientaciones socioeconómicas adaptadas al mundo pospandémico, considerando sus riesgos y oportunidades para el país.
No se trata, por supuesto, de abandonar totalmente los principios que orientaron hasta ahora las políticas económicas y sociales, sino de adaptarlos, revisarlos y si fuera necesario reinventarlos en profundidad si son irrealistas. Podemos preguntarnos, por ejemplo: ¿Cómo aprovechar la transición global hacia un uso más intensivo de energía eléctrica en actividades de transporte y producción? ¿Cómo reactivar los sectores extractivos sin conflictos sociales y atrayendo capitales de diverso origen? ¿Cómo aprovechar las capacidades que 10 años de mejoras sociales han creado entre los ciudadanos con menores ingresos y que pueden perderse si no se las moviliza? ¿Cómo repensar sistemas sociales que durante la pandemia han mostrado su disfuncionamiento? ¿Cómo facilitar una creación masiva de empleos en todos los sectores de la economía?
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
