En el siglo XXI la noción de soberanía es cada vez más relativa debido a que la complejidad de los problemas contemporáneos y los avances del derecho internacional plantean restricciones a la autonomía política de todas las naciones. Los derechos humanos son uno de los ámbitos en los que esos límites son más evidentes.
Desde mi punto de vista, este ha sido un gran avance de la humanidad pero que no está exento de conflictos y paradojas. Hoy en día, todos los gobiernos deben gestionar la mirada y el juicio de actores externos sobre asuntos internos relacionados con la garantía de derechos humanos. Existen tratados e instancias multilaterales que sostienen ese activismo, pero ese rol es también reclamado por diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso por otros Estados que las asumen como orientaciones de su política exterior.
Todo estaría muy bien si no fuera por la tentación de instrumentalizarlas en función o en complementariedad con otros intereses menos altruistas. Hemos visto bombardeos y embargos en nombre de la democracia o la aparición de estrategias de comunicación y abogacía para erosionar al adversario político basadas en la supuesta defensa de esos valores. Lamentablemente, los derechos humanos pueden ser utilizados como un componente más de narrativas partidarias o incluso polarizadoras.
Esas desviaciones no invalidan para nada el esfuerzo colectivo que ha implicado colocar esos objetivos en el centro de las preocupaciones globales, pero, convengamos, que plantean también grandes desafíos.
Esta reflexión viene a colación de la incomodidad que ha expresado el actual Gobierno por las reacciones internacionales después del procesamiento de la expresidenta Áñez y de algunos de sus colaboradores. Frente a las cuales se ha apelado a argumentos fundamentados en la soberanía del país para aplicar sus normas o el principio de no injerencia en asuntos internos. Posición entendible, pero insuficiente: las cuestiones de derechos humanos han escapado hace mucho a las fronteras clásicas de la soberanía, guste o no.
Eso no implica que no indigne la hipocresía de algunos críticos externos, que en su momento no dijeron nada cuando el anterior régimen perseguía y mandaba a las Fuerzas Armadas a reprimir. Pero, de ahí a evadir las observaciones de Naciones Unidas o de Human Rights Watch hay un trecho, organizaciones que además denunciaron temprano y con claridad los atropellos del gobierno de Áñez.
Tampoco debería sorprender el uso partidario de la cuestión, con su correlato de simplificaciones y manipulaciones mediáticas. Es, diríamos, lo usual y esperable, casi un dato de época, aún más considerando que es un elemento ideal para reforzar la épica polarizadora democracia versus dictadura en la que se fundamenta la identidad emotiva de una parte de la base social opositora.
Más allá del sustento jurídico de esas acciones judiciales, que tendría que haberse cuidado en extremo, los problemas políticos de su manejo tienen que ver con la lucidez del oficialismo para entender su imbricación con la manera particular como la comunidad internacional evalúa la actual coyuntura boliviana. Sería un error no comprender que estas percepciones están ligadas al escenario de inestabilidad y de vulneración de derechos humanos del cual emergió el actual Gobierno, situaciones que han definido expectativas y baremos exigentes en términos de la garantía de esos derechos una vez pasada la crisis.
Es decir, no basta con proclamar la justeza de esas actuaciones judiciales o la soberanía para asumirlas, estas deben estar y parecer acordes con ciertos estándares internacionales. En eso, hay poco margen para las ambigüedades si no se desea asumir costos reputacionales elevados. Eso implica, igualmente, encarar un diálogo permanente y explicaciones plausibles y persuasivas de sus razones con los actores externos. La retórica altisonante es un remedio deficiente frente a la manipulación política interesada de los derechos humanos, se precisa una acción diplomática coherente y obviamente un manejo escrupuloso del fondo y las formas de tales casos.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
