Elegir o no elegir. ¿Fue una buena decisión incluir en la nueva Constitución Política la elección popular de altas autoridades judiciales? Eso depende. Como principio y derecho está muy bien. Es parte del cauce de ampliación de la democracia representativa. Lo que falla es el mecanismo en dos tiempos. El proceso se contamina (y politiza) en la fase de preselección de postulantes. Y llega desportillado a las urnas. El resultado es que, en lugar de elegir, se plebiscita.
Está visto. Las elecciones (per)judiciales son no solo complejas, sino feas. Un ejercicio difícil para la ciudadanía, pero también para las candidaturas. Si ya la participación informada en una elección de gobernantes y representantes es un ideal esquivo y distante, ¿qué puede esperarse de una votación con personas que casi nadie conoce, impedidas de hacer campaña, marcadas por la mala fama? El esfuerzo de “difusión de méritos” puede ser inmenso, pero no alcanza.
Votar o no votar. Las dos experiencias (2011 y 2017) hasta ahora en el país, en el marco del proceso posconstituyente, cumplieron su propósito. Primer tiempo: la Asamblea Legislativa seleccionó postulantes por dos tercios de votos. Segundo tiempo: la ciudadanía eligió (o validó) autoridades judiciales con mayoría simple de votos. Claro que en ambos casos prevaleció la consigna del voto nulo que, junto con el blanco, fueron mayoría absoluta. Serio problema de legitimidad de origen.
¿Qué hacer? En el (no)debate sobre el tema predominan tres posiciones. La primera, con la premisa de que “la gente quiere votar”, es no tocar el mecanismo y volver a probar suerte en 2023. La segunda es preservar la votación popular (o referendaria), modificando la preselección de postulantes (a cargo de una comisión especial, por ejemplo). La tercera, con fervor republicano, es dar marcha atrás: que la decisión vuelva a la Asamblea, como en los tiempos de la democracia (im)pactada.
A reserva del camino que se logre concertar (o imponer) en los próximos dos años, que puede o no requerir reforma parcial de la Constitución, es evidente que, por sí solo, no resuelve la cuestión estructural: todo el sistema está dispuesto para administrar injusticia. Siendo fundamental garantizar la calidad y probidad de la cabeza, no basta cuando el cuerpo está deforme. Así ocurre con las altas autoridades electas por sufragio universal, así fue con los “notables” cuoteados por la partidocracia.
Reformar la justicia ordinaria, reformar el Ministerio Público, la Policía, las universidades. Magistrados, jueces, fiscales, motines, abogados. El aparato es enorme, tiene raíces, se reproduce. No hay voto útil contra una endemia sin vacunas.
FadoCracia fraterna
1. En enero de 2020, al amparo de la Alasita, una colérica mano arrojó un choclo a la cabeza del señor de gorra negra. Agredía, sin saberlo, a un futuro gobernador electo. 2. Choclos, latas, sillazos, escupitajos, tomates. La variopinta farándula da para todo. 3. Como sea, ponerse la gorra de activismo es diferente a que te pongan la banda de la gestión pública. El Cristo sigue siendo redentor, pero no provee recursos. Tu papá ya no puede cerrar con militares y policías para que no salgan. 4. Menos mal que, por ahora, las preocupaciones y prioridades están claras. Y son serias. 5. “¿Pronto habrá primera dama en el departamento?”, pregunta un acucioso periodista verde. 6. Pero el hombre ha crecido: la prioridad será hacer gestión, no su vida privada ni el “jueves de frater”. Es un decir. 7. “Las fraternidades son parientes de las comparsas, las logias y otras agrupaciones exclusivamente masculinas que a su vez controlan las instituciones privadas y públicas más poderosas” (grande Liliana). 8. Horacio lo sabía hace tiempo: “La gente me silba, pero dentro de mi casa yo me aplaudo”. 9. Desperdiciar choclos no es bien.
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.
