Con cada semana que pasa se hace más evidente que el Gobierno carece de una estrategia integral para enfrentar de una manera coherente los desafíos sanitarios y económicos. En estos días, preocupa más que nada la aceleración de los contagios del COVID-19, particularmente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, situación que se agrava dramáticamente por la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad suficiente de vacunas, y la falta de oxígeno y otros insumos para el tratamiento de las personas hospitalizadas. En este orden de cosas, la ciudadanía reclama la ausencia de información sistemática, completa y oportuna sobre la situación sanitaria en todo el país, por una parte, y la falta de coordinación eficaz entre los niveles nacional, departamental y municipal, por otra.
En lo que hace a las condiciones económicas, es preciso llamar la atención también acerca de las insuficiencias de coordinación de las políticas destinadas a la reactivación de la actividad productiva. En efecto, el programa Sí Bolivia, que proporciona créditos muy favorables a pequeñas empresas que contribuyan a la sustitución de importaciones, está tropezando con las debilidades patrimoniales y gerenciales de este segmento empresarial. Se trata de una buena idea que podría ser perfeccionada con el requisito de que empresas de un estrato más alto sean beneficiarias de dichos créditos, siempre que se comprometan a adquirir insumos de origen nacional. Tal condicionalidad podría ser administrada mediante un sistema concertado de acuerdos entre varias empresas de la cadena de insumos, el cual podría ser organizado por los gremios empresariales del sector industrial. Además, se podría establecer en forma complementaria un sistema de capacitación de las microempresas, en temas gerenciales, contables y de control de calidad, entre otras materias.
Entre los requisitos más importantes para que funcione el programa de incentivos a los encadenamientos empresariales cabe mencionar, sin embargo, que es imprescindible retirar la presión que están ejerciendo los inspectores de impuestos internos sobre estos segmentos empresariales, que son ostensiblemente fácil presa para la aplicación de diferentes tipos de multas, precisamente porque se trata de empresas con altos niveles de informalidad. La situación descrita es un ejemplo más de la falta de coordinación en la gestión de las políticas públicas.
En cuanto a otros aspectos de la economía, vale la pena destacar que las cifras del primer cuatrimestre del año parecen indicar una notable recuperación, que podría dar lugar a entusiasmos prematuros. Las estimaciones para el crecimiento del PIB se ubican por encima del 4, 5%, alentadas por el aumento de 34% del valor de las exportaciones, atribuible en un 61% al aumento de los minerales, 65% a la soya y sus derivados y, aunque su gravitación es mucho menor, al aumento en 158% del valor de las exportaciones de carne bovina, todo lo cual disimula bien la caída en 10% del valor de las exportaciones de hidrocarburos.
Habría que aplicar cierta cautela en la interpretación de dichos indicadores, que son el resultado del incremento de los precios internacionales de los productos primarios, como consecuencia de factores y causas que no necesariamente se mantendrán en los años futuros.
Lo que llama a mayor preocupación, sin embargo, en el caso de la soya y de la carne bovina, es que los elevados precios internacionales de estos productos pueden impulsar expectativas desmedidas que se traducen en una mayor deforestación en el oriente, con serios perjuicios para el medio ambiente y la sostenibilidad del país en el futuro.
Todos estos problemas se podrían abordar de mejor manera si el Gobierno toma la iniciativa de realizar amplias consultas sistemáticas y vinculantes con sectores empresariales, financieros, laborales y académicos.
Horst Grebe López es economista
