Hay operadores disfrazados de neutrales que se han especializado en usar reflectores a partir de sus fobias y a mirar para otro lado cuando se trata de encarar asuntos que pueden incomodar sus fijaciones. Es eso lo que está sucediendo con la detención de Arturo Murillo en una cárcel de Miami, acusado de haber lavado dinero obtenido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en tiempos en que a los militares se les había fabricado una licencia en forma de decreto (4078) para dispararle a la población civil que no les acarreara consecuencias penales.
Dicen que no sabían y que ahora saben. No es cierto. Estaban debidamente informados de cómo venía la mano con Murillo a la cabeza del aparato represivo del Estado. El 31 de mayo de 2020, Junior Arias, de Gigavisión, sin otra protección que la de sus convicciones periodísticas destapó el caso, lo que le valió persecución y amenazas del régimen. Explicó con detalles las relaciones de Murillo con los Berkman, sus amigos de juventud de Cochabamba, pero tal era el estado masturbatorio de algunos opinadores que se hacían los despistados con el acoso callejero a masistas y no masistas que jamás tensaron pititas, que las hay de varios colores para información de quienes dicen que eso es una simplificación, y que conformaron una suerte de grupúsculo colaboracionista y persecutor.
Jeanine Áñez sabía quién y cómo era su colega senador antes de nombrarlo ministro. También lo sabía su dócil compinche, Óscar Ortiz, que acabó expulsado del gabinete el mismísimo día de su cumpleaños por mostrar su desacuerdo con un intento de devolución de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) ¿Promovido por quién?… Por quién más podría ser. Por Arturo Murillo, el omnipresente del régimen de facto.
Todos quienes formaron parte y avalaron la forma en que se concibió e instaló el gobierno de transición, sabían quién y cómo era Murillo, aunque no recuerden cómo aconsejó a las mujeres a suicidarse, a tirarse de un quinto piso, pero que no atentaran contra las vidas de seres en gestación, no culpables de venir al mundo, en franco respaldo a lo más conservador del catolicismo Pro Vida y antiaborto. Era suficiente con ese antecedente para que una mujer en la presidencia jamás tomara la decisión de entregarle la responsabilidad de administrar la seguridad interna del país.
A Murillo no le interesó jamás construir un proyecto político alternativo al del MAS. Solo quería aprovechar el cuarto de hora que le tocaba para hacer dinero, razón por la que recurrió a un execrable comportamiento cuyo núcleo central es el de la muerte de bolivianos en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, culpando a cubanos, venezolanos y “masistas que se dispararon entre ellos”. Lo de la persecución a “sediciosos” y “terroristas”, así como el combate contra la pandemia era nada más que un conjunto de maniobras distractivas para usar el Ministerio de Gobierno como caja chica, pero sobre todo como caja grande.
El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el pasado 18 de mayo que se detectaron adquisiciones irregulares por Bs 156 millones, por las que están siendo procesadas 52 personas contratadas por Murillo que deben responder por 49 procesos. Lo de los gases lacrimógenos es solamente la pequeña muestra de una estructura corrupta, represiva y violenta, de la que dicen miembros de la corporación de opinadores que recién se enteran y que ahora que están informados, no pueden aceptar que la transición haya estado a cargo de “la pandilla de Miami”, cosa que también es falsa.
La transición golpista no fue obra de ninguna pandilla con sede en la Florida norteamericana. Fue facilitada por los mandos militares y policiales bolivianos en forma de motines y pedidos de renuncia a Evo Morales, por Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián, Carlos Alarcón, Jorge Tuto Quiroga, Luis Vásquez Villamor, Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, Samuel Doria Medina, por el cura Eugenio Scarpellini (+), por el embajador de la UE León de la Torre, Rolando Villena (+) y Waldo Albarracín, del Conade, y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Y fogoneada por animadores de televisión, redactores de noticias, activistas en redes sociales y escribidores de columnas en diarios conservadores. Todos esos actores abrieron las compuertas para, al estilo Evo, “meterle nomás”.
Luego de las reuniones del 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica, la materialización de la investidura de Áñez fue operada en trío senatorial con Murillo y Ortiz. Los autores de la inconstitucionalidad son ellos.
El 10 de agosto de 2020, Murillo le dijo a Fernando del Rincón, de CNN, que “meter bala sería lo políticamente correcto” para desbloquear las carreteras. A confesión de parte, relevo de prueba. El ministro lavandero no le hacía ascos a la idea de volver a abrir fuego como ya se había procedido en noviembre de 2019. Ahora pretenden desmarcarse insinuando que no estaban informados acerca de quién era este personaje. Patéticos impostores.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
