La gestión pública es el conjunto de actividades que se desarrollan a través de los procesos de planeación, ejecución y evaluación con el fin de atender necesidades y solucionar problemas con la población, mediante la generación de bienes y la prestación de servicios, con base en objetivos acordados democráticamente, y de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), su seguimiento y evaluación debe efectuarse en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas (ETA).
En este contexto, y al haber transcurrido más de un mes de la posesión de las nuevas autoridades subnacionales, periodo en el cual algunos gobernadores y alcaldes solo se dedicaron a declarar que los presupuestos asignados en 2021 son muy reducidos con relación a gestiones anteriores, aduciendo la imposibilidad de atender la contingencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, son aspectos que conllevan a mal pensar a la población que dichas entidades no cuentan con recursos económicos suficientes para equipar los centros de salud y las unidades de terapia intensiva, adquirir medicamentos, oxígeno, entre otros insumos.
No obstante, se hace notar al lector que, en el marco de la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las entidades territoriales tienen como fuentes principales de financiamiento: regalías departamentales, impuestos de carácter departamental, tasas y las contribuciones especiales, patentes departamentales por la explotación de los recursos naturales; ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos; donaciones, créditos y empréstitos internos y externos; transferencias por participación en la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados.
Por ejemplo, emergente de la coparticipación tributaria en el periodo de enero a abril de 2021, el municipio de La Paz recibió transferencias por Bs 196,5 millones, con un aumento de 25,8% con relación a 2020; el municipio de Tarija recibió por transferencias Bs 71 millones, con un incremento del 8%; el municipio de Cochabamba tuvo Bs 183 millones, con un crecimiento de 24%; y la Alcaldía de Santa Cruz con Bs 416 millones, con un aumento de 25%. Adicionalmente, los gobiernos locales tienen a su disposición recursos en saldos de caja y bancos por Bs 3.745 millones en sus cuentas fiscales.
Asimismo, es necesario señalar que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al frente del presidente Luis Arce Catacora, efectúa el esfuerzo fiscal para transferir los recursos económicos a las ETA por concepto de coparticipación en función a la recaudación efectiva, que son abonados automáticamente por el Tesoro General de la Nación a las cuentas fiscales de las gobernaciones y municipios, a cuyo efecto las transferencias se realizan de manera oportuna e inmediata, dejando al descubierto ciertas declaraciones mentirosas sobre que dichos procedimientos son lentos.
Finalmente, como es de conocimiento público, las ETA son cuestionadas por su ineficiencia e ineficacia en la gestión como en el logro de sus objetivos, aspecto que se evidencia con su baja ejecución del 25,9% hasta abril de 2021. Al efecto y considerando que se debe atender con premura la contingencia sanitaria de la pandemia, corresponde a las nuevas autoridades subnacionales extremar esfuerzos para lograr una correcta administración financiera de los ingresos y gastos que ejecutan, en concordancia a sus planes operativos anuales, y a través de procesos de contratación ágiles y oportunos enmarcados en la normativa vigente, por cuanto están garantizados los recursos económicos y existe un Plan Estratégico de Lucha con el COVID-19 para atender la demanda de la población, detectar de forma oportuna a los pacientes con el virus y brindar un tratamiento adecuado para preservar la vida de los bolivianos.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.
