Mi amigo Mario, quien tiene una larga trayectoria de indagación sobre el avance digital en Bolivia, plantea en su cuenta de Twitter un problema serio, que podría resolverse con el uso del humilde y nunca bien ponderado correo electrónico.
Resulta que mi amigo Mario hace un reclamo a una telefónica mediante correo electrónico en primera instancia (la oficina Odeco de la telefónica) y no tiene solución satisfactoria. Quiere hacer su reclamo en segunda instancia —también mediante correo electrónico—, pero la ATT se lo impide: ellos solo se comunican vía correo electrónico con las telefónicas, no con los usuarios. Luego de varias gestiones y reclamos, la ATT “excepcionalmente” le permite que su trámite de segunda instancia sea aceptado por correo electrónico. Pero fíjense que para que su trámite sea aceptado, Mario tiene que imprimir el correo electrónico que envió para solicitar hacer el trámite vía correo electrónico (así como suena), firmarlo y presentarlo físicamente en las oficinas de la ATT.
Otro tuitero, que vive en el interior, está impedido de obtener seguro médico debido a que está activo en la CNS desde que lo registró su anterior empleadora, una empresa que ya no existe más. La burocracia le exige que venga a La Paz para hacer el trámite personalmente. Entre los comentarios, uno le responde que seguramente en la CNS le van a pedir el trámite de baja de su empresa (que ya no existe más), con documentación de la renuncia, sello de recepción y registro en la regional. Esto último no lo he comprobado, pero sospecho que puede ser cierto.
La mañana antes de escribir esta columna, fui a recibir mi segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Llegué con varias semanas de retraso debido a que en el ínterin me contagié y —felizmente— me recuperé del COVID-19. En el centro donde me atendieron (espléndidamente bien) para la primera dosis, me indican que para los casos en los que uno se atrasa, debe ir a la oficina central del Sedes a pedir instrucciones sobre qué hacer.
Voy al Sedes, me dicen que tengo que buscar a “la licenciada” que da la autorización. Encuentro la oficina de “la licenciada”. Me solicitan tres fotocopias (¡tres!) de mi CI, tres fotocopias (otras tres) de mi certificado de vacunación de primera dosis, y que vuelva para la autorización respectiva.
Llevo todo lo que me piden y me ponen —en las seis fotocopias— un sello con una firma autorizada. Me envían a un centro de vacunación. En el centro de vacunación, le explico mi caso a un amable señor de gorra, barbijo y mandil, que está en la puerta controlando el ingreso. Consulta con sus superiores, me pide —otra vez— fotocopia de mi CI y certificado de vacunación. Con su mejor voluntad para facilitarme la vida, me da acceso al lugar de espera para control de mis signos vitales.
Ya midiéndome la presión, la señorita encargada vuelve a consultar a los superiores si corresponde que me vacunen. Le dicen (por segunda vez) que sí. Toca el registro informático. El joven que me atiende vuelve a pedir autorización a sus superiores y le dicen que sí (por tercera vez). Me vacunan luego de 4 horas de trámites, 4 fotocopias de CI, 4 fotocopias de mi certificado de vacunación, y luego de advertirles de que no salgo sin mi vacuna.
Estamos ya entrando al siglo 21. La tecnología que permite ver tu nombre en una base de datos centralizada, conocer la fecha en que cumpliste con un requisito X —presentación de una queja Odeco, renuncia a tu pega, primera dosis de tu vacuna, o lo que ustedes digan— existe desde hace ya décadas, lo mismo que la tecnología que permite que esos datos viajen por cable, fibra óptica u ondas de radio.
En términos prácticos, para hacer un trámite de reclamo vía correo electrónico, necesitas que todos los involucrados tengan una cuenta de correo electrónico. Para presentar tu documentación en tu ciudad de origen, necesitas una oficina en tu ciudad de origen, conectada por internet con la oficina nacional. Para ver si te corresponde la segunda dosis de tu vacuna, tienes ya un registro en una base de datos que indica tu número de CI y la fecha de tu primera dosis. Pero en Bolivia, toledanamente —como diría otro amigo— nos siguen exigiendo el papel, la fotocopia del CI, la firma, el sello, la presencia física.
¿A quién beneficia nuestra cultura de trámites, fotocopias, cartas impresas, el sello con firma? Primero, a los dueños de las fotocopiadoras. Segundo, a los “tramitadores” de oficio. Tercero, a los “guardafila”, que te guardan tu puesto en la fila si esta es demasiado larga. Cuarto —y más peligroso— a quienes te piden coima para agilizar tu trámite. Porque saben que tienes las horas de permiso laboral contadas, porque no puedes quedarte en La Paz esperando por el sello y la firma durante dos semanas, porque te cansas.
Como anécdota final, les cuento que logré que me vacunen siendo un habitante urbano, con educación superior y con persistencia. Porque la doctora que me midió la presión me informó que a una señora que vino de Achocalla, con mi misma situación, le negaron la vacuna. Más allá de la anécdota, más allá de la economía de la intermediación como modelo de negocio y más acá del racismo y la discriminación, la digitalización de los trámites es una cuestión de ciudadanía. Y de igualdad.
Pablo Rossell Arce es economista.
