Al finalizar junio, la empresa Datacción realizó una encuesta nacional en la que se incluyó una pregunta sobre la reforma judicial de la que tanto se habla y escribe últimamente. Resulta que para dos tercios de los ciudadanos el sistema judicial está muy mal y cambiarlo es urgente. El resto coincide en que está mal, pero unos creen que hay otras prioridades y los demás que ya está mejorando algo.
La urgencia del cambio, en la que coinciden dos tercios de los bolivianos, se justifica por el fracaso de la reforma judicial impulsada desde 2009, al amparo de la nueva Constitución, y la declinante pérdida de confianza de la gente en jueces, fiscales y sistemas de prevención, seguridad y condena, que también ha sido detectada en sucesivas encuestas.
Una revisión de las experiencias de otros países me ha confirmado que el nuestro es el único que ensaya la elección directa de los más altos magistrados. La fórmula más utilizada en el mundo involucra al menos a dos órganos diferentes en la designación de magistrados, uno para la selección y otro para la designación. Pero la clave parece estar en la duración del mandato, que en los casos más exitosos se relaciona con la edad o la salud de los magistrados, no con un “periodo de funciones”. Por ejemplo, en Inglaterra, Japón, Israel y Chile los magistrados permanecen en el cargo hasta cumplir los 70 o 75 años. En Estados Unidos, Alemania, Francia y España, la función es vitalicia y limitada solamente por la salud. En todos esos casos, por lo tanto, la renovación es paulatina, lo que también asegura continuidad en la jurisprudencia, en los criterios jurídicos y en las políticas judiciales, afirmando la seguridad jurídica de largo plazo. En este caso, es claro también que si no se los quiere tener por mucho tiempo, es mejor que no se los elija cuando son muy jóvenes.
Notablemente, Bolivia nació a la vida independiente con ese modelo. De acuerdo con nuestra primera Constitución, los magistrados eran seleccionados por el Senado y designados por los censores (diputados), y debían permanecer en el cargo “cuanto duraran sus buenos servicios”. Posteriormente se impuso la idea de periodos con duración de 12, 10 o seis años, impidiendo la continuidad y obligando a cada Corte a comenzar de nuevo.
El problema fundamental que debe resolver la reforma es éste: el de la elección y la permanencia de los magistrados. Por supuesto, no es el único.
Otro problema que parece sustancial es el de la debilidad general de todo el Órgano Judicial, que de hecho está muy lejos de ser o tener el poder que la norma constitucional le reconoce. La Suprema dejó de ser “suprema” y en este momento no se sabe cuál es la cabeza de dicho órgano. El Tribunal Constitucional puede disputar cualquier poder, los temas agroambientales se tratan en otra corte y las cuestiones claves de administración presupuestaria y de personal las tiene el Consejo de la Magistratura. En los hechos, se ha destripado el “poder” judicial, cuyo presupuesto, además, es absolutamente insuficiente para solventar las responsabilidades que tiene. Es tan débil que no tiene poder ni siquiera para protestar o reclamar por ese maltrato.
Si la reforma se centrara de manera inmediata en la designación de magistrados de alto nivel y con la confianza necesaria como para que ejerzan el cargo por muchos años, se les debería también permitir a ellos conducir la reforma de todo el sistema, es decir, volver a fusionar en una Suprema todas las materias jurisdiccionales y administrativas. Ya verá ese órgano colegiado si decide formar salas o comisiones especializadas y si requiere nombrar jueces adjuntos o lo que quiera llamarles para atender diversos temas y problemas con eficiencia. Es seguro que buscará a los mejores porque querrá atender “en última instancia” la menor cantidad de errores o chambonadas. Y si logramos que los mejores lleguen a ser magistrados, podemos estar seguros de que también ellos tratarán de escoger a los mejores en los demás niveles del Órgano Judicial.
Lo que me parece inapropiado es enfrascarnos en detalles de cuyo diseño bien pueden encargarse, gradualmente y con firmeza, quienes asuman “el poder” judicial y quienes sean sus colaboradores. Busquemos entonces en quiénes confiar.
Roberto Laserna es investigador de CERES.
