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GIEI: las palabras vuelan, los escritos quedan

Tiempos hubo en que las masacres no eran investigadas ni se hacían informes como el que acaba de presentar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre septiembre- diciembre de 2019. ¿Será que hay avances en materia de derechos humanos? Si comparamos lo ocurrido solo desde la segunda mitad del siglo anterior con lo que […]

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Por Carlos Soria Galvarro
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La Paz / agosto 22, 2021
en Voces

Tiempos hubo en que las masacres no eran investigadas ni se hacían informes como el que acaba de presentar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre septiembre- diciembre de 2019. ¿Será que hay avances en materia de derechos humanos? Si comparamos lo ocurrido solo desde la segunda mitad del siglo anterior con lo que pasa ahora, claro que hay avances, el tema ha ido penetrando progresivamente en la conciencia social en casi todo el mundo y se ha vuelto muy sensible, aunque no exento de contradicciones internas, polémicas en su entorno y también el condenable uso que se ha hecho del tema para justificar acciones de guerra, ocupación de territorios y brutales acciones directamente contrarias al principal derecho humano: el derecho a la vida (el caso de Afganistán es muy ilustrativo). Parafraseando una famosa expresión sobre la libertad, proferida por una revolucionaria francesa antes de entregar el cuello a la guillotina, hoy podría decirse: “Oh Derechos Humanos, cuántos crímenes se cometen en tu nombre”.

Sin mencionar fuentes, el conocido libro de Historia de Bolivia de la familia Mesa-Gisbert sostiene que el movimiento golpista que llevó a Banzer al poder en tres días de enfrentamientos, sobre todo en Santa Cruz y La Paz, dejó un saldo de 98 muertes y más de 500 heridos. Los vencedores nunca fueron investigados y menos sancionados, más bien usufructuaron el poder durante los siete siguientes años, persiguiendo, torturando asesinando o desapareciendo, y expulsando del país a miles y miles de bolivianos y bolivianas.

Un amigo lector nos escribe para recordarnos que los métodos de terrorismo de Estado empiezan a ejecutarse desde el momento mismo del arribo de Banzer y cita el caso de Gonzalo Rocabado, entonces recién graduado en la Facultad de Derecho, quien portando una bandera blanca intentó dialogar con los militares atacantes y fue acribillado en las puertas de la UMSA, en cuyos predios se habían refugiado cientos de estudiantes.

Un caso similar fue el del sacerdote y sociólogo de origen canadiense Mauricio Lefebvre. Portando también una bandera blanca en un carro, salió a la calle a auxiliar a los heridos y fue ametrallado en plena labor por un francotirador en las inmediaciones de la parte trasera del Monoblock universitario. Lefebvre era un religioso y académico comprometido con las luchas populares, estuvo entre los iniciadores de los estudios de sociología a nivel universitario (ver libro Arriesgar el pellejo del gran Coco Manto).

Otro caso que recientemente se ha conocido en detalle, gracias a la investigación periodística de Édgar Ramos Andrade, es el de Leslie Magdalena Andreuzzi Vaca Díez, quien trabajaba en Radio Piraí y los diarios Crónica de Santa Cruz y Los Tiempos de Cochabamba; nacida en 1943, tenía dos hijos pequeños, cuando por aquellos días luctuosos fue capturada, torturada, violada y después desaparecida hasta hoy.

Casos similares a los tres mencionados existen por centenares en el informe de la Comisión de la Verdad creada al efecto por la Ley 879 de diciembre de 2016, mediante la cual se cumplió un antiguo y varias veces soslayado compromiso del Estado boliviano, ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Dicho informe, contenido en 11 gruesos volúmenes, fue trabajado a marchas forzadas por falta de recursos, por las cambiantes coyunturas políticas que vivió el país desde octubre de 2019 y, obviamente, por las dificultades naturales de lo que significa abordar sucesos ocurridos en 18 años (1964 a 1982) luego de haber transcurrido otros 35 (1982-2017). A pesar de ello, a tiempo de hacer la entrega oficial, se dijo que la tarea abarcó incluso el acceso a los archivos de la Sección II de las Fuerzas Armadas. De seguro, el extenso informe contiene una riquísima información que necesita ser sistematizada y divulgada. De no ser así, el material reunido no cumpliría su misión, solo tendrían acceso especialistas investigadores de la historia y no así el público en general como lo demandó el presidente Arce a tiempo de recibirlo. Un archivo accesible serviría también para refrescar la memoria social, sobre acontecimientos luctuosos como fue la toma del poder por Banzer y su camarilla.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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