Nacido luego de la Primera Guerra Mundial, en las sociedades occidentales se fue instalando la costumbre de hacer un minuto de silencio como muestra de respeto y honra a quienes habían fallecido recientemente, actualmente encuentra razón en la demostración de indiscutible respeto de una colectividad hacia grupos de personas que fallecieron en situaciones trágicas, dejando de lado toda diferencia.
A la fecha, cuando aún no han pasado ni 15 días desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ante la sociedad boliviana su informe sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que fueron consecuencia de la crisis política en Bolivia en 2019, pareciera ser que la potencia que debería tener un documento cuya importante característica es que ha sido aceptado en su calidad técnica e imparcialidad política por una sociedad donde impera la polarización discursiva, simplemente se desvanece de la agenda política y noticiosa, al menos para la maquinaria mediática dominante.
La primera presentación del informe tuvo lugar el mediodía del 17 de agosto pasado, luego fue liberado digitalmente a las 15.00. Además de ello —huelga resaltarlo— , el GIEI agendó toda una semana de presentaciones en los lugares donde hubo víctimas de la crisis política: Senkata, Sucre, Sacaba, Potosí, Montero, con el objetivo de que sean ellas y sus familiares quienes pudieran conocer los resultados del informe e interpelarlo en primera persona ante sus autores. De alguna manera, el grupo de expertos que elaboró el informe le estaba proponiendo a nuestro país una semana de silencio: unos días de escucha a las víctimas.
Dos horas y media luego de la liberación en formato digital del documento emergió el primer pronunciamiento político proveniente de los partidos de oposición, en él se menciona a actores políticos e institucionales atribuyéndoles responsabilidades. Una hora y media más tarde, la principal representante del gobierno de transición se pronunció al respecto, mencionando a otro actor político. Dieciocho horas más tarde, el presidente del partido oficialista de igual manera, en un par de tuits, menciona a actores políticos e institucionales, con el mismo fin: atribución de responsabilidades. Hoy, a una semana de que el GIEI realizara la última presentación del informe, las luces políticas y mediáticas están centradas —como es usual— en actores políticos e institucionales que se cuentan con los dedos de una mano.
El GIEI le ha puesto indiscutible nombre y apellido a las 37 víctimas fatales y cientos de heridos y también se lo ha puesto a los hechos que nuestro país vivió durante ese periodo: masacres, ejecuciones sumarias, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, discursos de odio, actos racistas y violencia sexual. Por su lado la clase política, en otro universo, sigue buscando ponerle a los autores de estas violaciones de derechos humanos los nombres y apellidos de sus rivales políticos, mientras matizan sus ansiosos señalamientos con discursos sobre presunción de inocencia, debido proceso, separación de poderes y respeto al Estado de derecho entre tantas otras peroratas, como la solicitud de no politización del informe.
Las contundentes certezas con las que el GIEI arribó al país y la empática semana que se tomó para informarle al país sobre sus resultados demandaban de nuestra clase política, cuando menos unas horas de respetuoso silencio si es que no la semana toda. No obstante, lo que presenciamos fue —una vez más— una carrera para la instalación de relatos protagonizados por unos cuantos y en donde sobran unos cientos, que solo sirven como excusa. Cientos de nadies sin minuto de silencio. Esos nadies que, como advertía Galeano: cuestan menos que la bala que los mata.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.
