Cuando uno se sumerge en las 468 páginas del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos ominosos ocurridos en el contexto de la crisis poselectoral de 2019 que vivió Bolivia, le produce un sentimiento de desasosiego muy intenso, o sea, un terror. Es como si la máquina del tiempo hubiera hecho un giro brusco y nos ubicaría en aquellos tiempos tenebrosos de las dictaduras militares, cuando el miedo estampaba, como si fuera un tatuaje atroz, sobre nuestro cuerpo y ajayu.
Aquí un testimonio desgarrador sobre los muchachos detenidos por la Policía, posmasacre en Sacaba: “Al llegar a la cárcel, policías los golpearon e insultaron con frases como ‘indios de mierda’. A los tres los llevaron a ‘aislamiento 51’, donde llenaron dos turriles con agua, les lanzaron gas lacrimógeno y les echaron agua. Todo el cuerpo les ardía. Luego los pusieron al ‘chancho’, cabeza abajo, y los obligaron a contar hasta mil. Algunos no aguantaron”. Otro testimonio da cuenta de que a un preso se lo llevó “a declarar y se abstuvo, porque no tenía abogado y estaba herido por los golpes de ‘toletes’. Los devolvieron a las celdas y a medianoche los sacaron para golpearlos. A él lo golpean más porque lo trataban de ‘dirigente’; a las 2:00 o 3:00h de la madrugada del sábado los ‘gasificaron’ en la celda (sic)”. Otros testimonios dolorosos describen a mujeres detenidas que, solo por su vínculo personal (no sentimental) con políticos, como si fueran animales, fueron encadenadas en camas hospitalarias.
Este informe enfocado desde el prisma de los derechos humanos revela el abismo al que hemos caído los bolivianos. La crisis política desempolvó rancios espectros que se arrastran desde la Colonia, en el contexto del conflicto socio/político se convirtieron en acicates movilizadores. Además, el “informe del terror” muestra detallada y contundentemente la vulneración de los derechos humanos: arrestos ilegales, torturas, vejaciones a mujeres, el uso excesivo de la fuerza de policías y militares perpetrando masacres siniestras, inclusive con ejecuciones extrajudiciales, y discriminación a los heridos en los hospitales por su origen étnico, geográfico y político.
Este rosario de atropellos a la dignidad humana contó con una Fiscalía inepta y, sobre todo, servil al poder político. El informe del GIEI, además, muestra que la vulneración de los derechos humanos contó con el mal manejo periodístico de los mass media y las redes sociales que operaron como dispositivos de estigmatización personal y social de las víctimas del conflicto. Asimismo, el “informe del terror” da cuenta de que no solamente hay una contradicción entre la sociedad y el Estado, sino también existe una situación más enrevesada: el tejido social está quebrantado, lo que se expresó en el enfrentamiento violento entre diferentes sectores de la sociedad civil. inclusive con ribetes étnico/raciales.
En lo político, el informe del GIEI desmontó dos narrativas negadoras de las masacres y la ruptura constitucional. El informe no habla de golpe de Estado, pero sobre la sugerencia militar y policial para la renuncia presidencial de Evo Morales, que aceleró la estocada constitucional, dice: “La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”. Y con referencia al autonombramiento presidencial añade: “Sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, (Jeanine) Áñez se declaró presidenta interina”. Aquí también es una cuestión semántica.
Yuri Tórrez es sociólogo.
