Ni el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo convencer a los detractores (sí, ¡detractores!) de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata en 2019 de que aquéllas fueron resultado trágico de una ejecución extrajudicial.
A dos semanas de la presentación de las investigaciones del equipo independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, los familiares y los heridos de aquellos hechos luctuosos en el inicio del régimen de Jeanine Áñez solo fueron revictimizados.
En el afán de atribuirles militancia con el oficialismo, sufren la relativización de su caso en los medios de información, la despreocupación de la oposición por su situación, la omisión de su dolor por parte de la Iglesia Católica, el agravio de la señora Amparo Carvajal y hasta el insulto de un exdiputado, que cree que con haberles el Estado beneficiado con una ayuda social su problema está resuelto.
Al día siguiente del informe, algunos medios de información se ocuparon de igualar culpas de Áñez y Evo Morales en los sucesos de 2019, cuando, más allá de los enfoques periodísticos particulares, el hallazgo más fuerte del GIEI fueron los casos de ejecuciones extrajudiciales y las masacres, sin dudas. O al final, también se ocuparon de otros hechos, si bien totalmente condenables y necesarios de ser juzgados, de menor gravedad.
Fue evidente la reacción de la oposición que, antes de nada, y en el afán de desvincular de los hechos a los responsables de esas masacres, sugirió una reforma judicial. Ahora está ocupada en defender a Áñez, como la baluarte en la “recuperación de la democracia”, la abanderada de la “sucesión constitucional” y la “víctima” de una presunta persecución política.
Si los hechos más graves de la violencia de 2019 fueron las masacres de Sacaba y Senkata, ¿quiénes son los responsables? El mismo GIEI recordó hace unos días que el Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez y su gabinete, fue “el principal instrumento con el que se pretendió dotar de cobertura legal a la represión”.
¿Hay forma de que los autores del decreto se libren de ese documento y las consecuencias? A priori, no hay; aunque hay presunción de inocencia. Áñez dijo que no ordenó matar, cierto, es difícil imaginar ese extremo inhumano, ¿pero no leyó que el decreto libraba de sanciones penales a quienes lo ejecutaban ante las movilizaciones sociales?
A pesar de sus llamados a la paz en 2019, el clero de la Iglesia Católica siempre se refirió a esas muertes como producto de “enfrentamientos”. En su comunicado del 20 de noviembre, al día siguiente de la masacre de Senkata, invocó a Dios: “Basta ya, dejen la violencia y la destrucción y practiquen el derecho y la justicia (Ezequiel 45,9)”.
Presumió que los movilizados, luego reprimidos por las Fuerzas Armadas y la Policía al amparo del decreto, eran delincuentes. “No permitamos que instigadores delincuentes generen más dolor y muerte”, decía el texto.
Y en su memoria sobre los sucesos de 2019 describe como “enfrentamientos violentos en Sacaba” y “violencia desatada en Senkata”. Nunca una condena a la represión.
El informe del GIEI estableció que no hubo enfrentamientos, sino masacres en ambos hechos. Es más, denunció que hubo ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.
Además, los jerarcas católicos ni se inmutaron en decir palabra alguna inmediatamente después de esas develaciones. Y en su comunicado reciente solo se centró en la situación de Áñez. Una triste omisión y un agravio, otra vez, a las víctimas de la violencia.
Como el de Carvajal, que, al contrario de reivindicar la causa de las víctimas, dijo que entonces “las Fuerzas Armadas y la Policía salieron a defender al pueblo”. ¿Se ha visto en el mundo una institución de derechos humanos defendiendo a los represores?
Y, si bien puede ser justificable su activismo por los reclusos, se decanta ahora por quien firmó el decreto que derivó en las masacres. Nada por las víctimas de Sacaba y Senkata.
Como Áñez se merece un trato justo y un debido proceso, las víctimas de las masacres se merecen un desagravio. Nunca más muertes así, ni de los unos ni de los otros.
Rubén Atahuichi es periodista.
