El Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que fue presentado en pasados días al presidente Luis Arce, es digno de destacarse. Tiene 471 páginas y es accesible a los interesados, otro aspecto para resaltar.
Sin embargo, hay actuaciones, como de la prensa, que no están en el informe. ¿Cuál fue el papel de la prensa? No de los periodistas. El papel de los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, de los empresarios de la comunicación. ¿Cuánto y cómo alentaron el conflicto? o ¿cuánto y cómo buscaron la pacificación? ¿Cuáles son esos medios de comunicación? ¿Cómo interpretar a la prensa televisiva que cada noche transmitía los cabildos desde Santa Cruz y La Paz, con amenazas y acciones concretas para derrocar a un gobierno constituido mediante votos? ¿La prensa actuó de manera independiente? En fin, son preguntas que me hubiese gustado se contemplen en el informe.
El GIEI, en sus recomendaciones, no observa el papel de la prensa en las sociedades contemporáneas; no analiza el rol de los medios de comunicación en época de conflictos sociales, no solo como informadores, sino también como actores políticos.
Llama la atención la siguiente frase: “El ataque contra la casa de Casimira Lema tiene señales de haber sido dirigido contra ella por sus labores profesionales, lo que ofende no solamente a su persona, sino que constituye una violación del derecho a la libertad de expresión. Tiene además un efecto amedrentador para otros periodistas, que busca silenciar voces disidentes” (página 109). ¿Por qué la bronca de la sociedad crítica contra la señora Lema y afines? Hay que recordar a los del GIEI que hace años la señora Lema fue parte de varias redes de televisión y desde esos espacios siempre fue muy contraria a los intereses de los sectores indígenas y populares del país. Fiel a esa línea conservadora, la señora, ya con otros periodistas del canal universitario de La Paz, alentaron y transmitieron en directo todas “las acciones heroicas de los pititas”, que fueron violencia y más violencia…
Hay otro tema, ¿cuál fue el papel de las universidades? Empezando del exrector de la UMSA Waldo Albarracín, la Universidad Católica, donde se cristalizó el golpe, y otras universidades privadas, que bajo amenazas sacaron a jóvenes a marchar en las noches a las calles de la ciudad.
Las iglesias católica y evangélica, en sus vertientes conservadoras, tuvieron su rol preciso. ¿Acaso no se entró al Palacio Quemado con la biblia en la mano? En el informe no se recomienda a las iglesias occidentales que se abstengan de hacer política.
Lamentablemente, el GIEI se quedó solo en los análisis jurídicos y humanitarios, pero no en lo societal. ¿Cómo vivir en una sociedad aún colonizada y racializada? Cuando las élites de otrora, hoy quieren retomar sus espacios de poder e intentan iniciar los procesos de re-colonización del país, como volver a la República, etc. El racismo es parte circunstancial de sus vidas y parte de su discurso social y político. ¿Será que los/as colonizadores de buena voluntad dejarán de ser racistas? Sabemos también que influyen a otros sectores sociales, incluidos grupos indígenas y sectores populares. Entonces, recomendar que haya una cumbre contra el racismo es una idea a saco roto, ¿para qué si tenemos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación? Pero, ¿cuántos racistas están en la cárcel? Gente del Comité Cívico pro Santa Cruz, los Conade, los “pitita”, plataformas… deberían estar juzgados por practicar racismo abierto y solapado, o ¿no es así?
El uso del concepto de “otredad” a la que alude el documento, es una mirada absolutamente evolucionista de la sociedad, tan paternalista y occidental. No cabe para la sociedad boliviana. Más que afirmar la otredad precisamos escudriñar las desigualdades, el racismo estructural, las relaciones de dominación del capitalismo salvaje, etc. Gran parte del documento hace énfasis en que no debería haber discriminación jurídica de ningún tipo, pero el concepto de otredad precisamente permite esa diferenciación social. El Estado plurinacional apuesta por la diversidad, que no es la otredad.
Para finalizar, la pregunta para el GIEI, ¿cuántas horas de testimonio grabaron? Entiendo que por razones de seguridad no se dicen los nombres de los/as entrevistadas en el informe. El presidente Luis Arce anunció la fundación de las Casas de la Memoria, sería plausible que la primera donación de la memoria lo haga el GIEI.
Giei jupanakaxa wali qillqantawayapxatayna, uka jan walt’awi sarnaqawinakasata. Walikirakiw ma tuqitxa, maysatx janikirakiw waljamakiti, ¿ janicha ukhamaxa?
Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.
