Esta semana se promulgó la ley de devolución de aportes a las AFP, como parte de un paquete de medidas del Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Recordemos que esta medida fue propuesta en la campaña para las elecciones generales de octubre de 2020; de esta manera, se convierte en una promesa cumplida.
Las estimaciones iniciales dan cuenta de que 1,4 millones de personas podrían beneficiarse bajo tres modalidades: la primera, el retiro de hasta un 15% del saldo acumulado si este es menor o igual a los Bs 100.000; la segunda, el retiro de hasta Bs 15.000 para quienes tienen más de Bs 100.000 de saldo acumulado y hasta el 100% del saldo acumulado para quienes tienen un saldo acumulado igual o menor a Bs 10.000 y sean mayores de 50 años.
De esta manera, se podría inyectar un monto que oscile entre los $us 500 y 1.500 millones a la economía boliviana, una cifra poco despreciable. El efecto sobre la recuperación económica sería inmediato y contundente.
Un rápido balance muy personal, que no pretende ser exhaustivo, me da el siguiente resultado: A favor, tenemos que incrementa la demanda agregada y que podría convertirse en un pequeño impulso de capital para quienes tienen un emprendimiento o desean arrancar con uno o, finalmente, para pagar deudas o algún tipo de consumo inmediato para los beneficiarios.
Pero, por otro lado, tenemos que el efecto macro del consumo que podría generar esta medida por naturaleza sería un impulso temporal y sin mayores efectos de largo plazo; para quienes usen el dinero en su emprendimiento, la medida podría tener un beneficio limitado, en ausencia de una perspectiva de mercado, asistencia técnica y mejora de los procesos de producción. Finalmente, es importante considerar que el retiro de los aportes va en detrimento de la renta de vejez.
Seguramente esta realidad es la que ha llevado a las autoridades a recomendar mucha cautela a la población que decida realizar sus retiros y que se considere esta como la última opción posible.
Más allá de todo, es pertinente señalar que el modelo de jubilación de AFP, de contribución individual, se impuso como un esquema de solución para el agotamiento del anterior modelo de jubilación enmarcado en el sistema de reparto. En el fondo del asunto está el problema de la evolución del mercado de trabajo y del financiamiento de la seguridad social —en este caso, la de largo plazo— únicamente a partir del contrato “regular” de trabajo, una rareza cada vez más infrecuente.
Pero las AFP, en el marco de las condiciones del país y de la regulación a la que deben sujetarse, no muestran una rentabilidad que haga posible proyectar una pensión de jubilación atractiva para la mayoría de los afiliados e, incluso, para una gran cantidad de población, los montos a recibir en la fase pasiva de la vida son insuficientes. Los abundantes ejemplos de gente que se jubila y que a la vez mantiene una actividad laboral —regular o no— son elocuentes al respecto.
Si atendemos a los supuestos bajo los que se realizó la reforma de pensiones, la idea era enterrar un sistema insostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero el reemplazo trajo un sistema que no cumple el objetivo para el que fue implementado y que, a su vez, corre el riesgo de ser insostenible para muchos afiliados.
Estas contradicciones nos deberían obligar a exprimir el cerebro y pensar más allá del acceso a la seguridad social basado en el contrato regular de trabajo e imaginarnos un esquema de seguridad social verdaderamente universal.
Para ello, el tipo de financiamiento también debería ser universal. Esto implica una reforma de fondo al sistema actual de pensiones, pero eventualmente, también al sistema impositivo; implica contar con algún tipo de contribución adicional para que quienes tengan más, contribuyan solidariamente con quienes tienen menos; e implica marcar un conjunto de reglas para conciliar un derecho universal con algunas preferencias individuales.
La pregunta es si estamos listos para tener esta conversación.
Pablo Rossell Arce es economista.
