La semana pasada recibí la exaltada llamada de mi mamá, altamente preocupada por una serie de WhatsApp que estaba recibiendo en torno a un (nuevo) plan estatal para hacerse de sus bienes. Intenté calmarla y comprender mejor a qué se debía su alarma y, sobre todo, cuál de sus bien informados grupos de WhatsApp era el autor del sobresalto. Luego de varios intentos logré comprender que su preocupación se debía a la eminente promulgación de la Ley “Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”.
Firme en sus argumentaciones, me compartió el amenazante tuit de un honorable senador: “Aprobaron la Ley 108 que da poderes ilimitados a la Unidad de Investigación Financiera para investigar a los bolivianos. Entrarán a cuentas, propiedades, llamadas privadas, podrán arrestar a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, etc… lo que se viene @bolivia” (sic). Tardé como dos horas en convencer a mi madre que seguramente su sueldo de jubilada fabril no atraería una investigación de la UIF y que es poco probable que su nombre aparezca en una lista de sociedades offshore. Comprendí también que este miedo era compartido por amigos periodistas, organizaciones gremiales, e incluso sacerdotes que veían en la ley una amenaza a sus preciados diezmos.
El cuestionamiento central que todos comparten es la supuesta cualidad de la ley para darle al Estado el control total de nuestra información, otorgando superpoderes a la UIF para realizar tareas de investigación sobre valores, seguros, pensiones; acciones comerciales, tributarias, económicas; registros notariales, civiles, derechos reales, profesionales y otros. Por supuesto, todo esto respondiendo a un tenebroso plan de dominio mundial urdido por Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Sin duda la ley aborda terrenos pantanosos, y por ello quise comprender mejor el contexto mundial en el que se emite. Para ello nada mejor que recurrir a la amplia información compartida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), grupo internacional para prevenir la utilización de las instituciones financieras en actividades de lavado de dinero, creado durante la XV Cumbre Económica Anual de los Jefes de Estado de los Países del G7 (ninguno de ellos sospechoso de pertenecer al eje del mal).
Resulta que la ley responde a una serie de recomendaciones de la comunidad internacional para proteger al sistema financiero de ser utilizado para realizar transacciones ilícitas por parte del crimen organizado, que cada día se presenta como un fenómeno de gran sofisticación operativa que las simples mortales no comprendemos.
Pero ¿por qué concentrar las energías en el ámbito del lavado de dinero es tan importante? El Banco Interamericano de Desarrollo (tampoco sospechoso de ser comunista) lo expresa con claridad: “poco vale atacar a los delincuentes si sus ganancias quedan intactas: el enriquecimiento personal del delincuente constituye la motivación del delito y proporciona, al mismo tiempo, el capital operacional requerido para seguir delinquiendo”. Todo delincuente necesita blanquear sus ingresos porque el dinero puede servir de pista rastreable y comprobable para descubrir y probar el delito. Si tienen dudas sobre esta afirmación, los remito al caso Arturo Murillo y los gases lacrimógenos.
Sin embargo, toda buena intención en malas manos puede tener otros resultados. En Nicaragua, Daniel Ortega utiliza la acusación de “lavado de dinero” para atacar y encarcelar a sus opositores políticos. A pesar de los riesgos que implica tener una UIF con técnicas especiales de investigación, el lavado de dinero y los hechos vinculados a estas actividades tienen un inmenso poder destructivo de nuestras sociedades y, por ello, es necesario fortalecer la prevención y persecución de este delito.
Lourdes Montero es cientista social.
