Hace ya varias semanas anticipé en esta columna que los meses finales del año estarían marcados por conflictos de baja intensidad, caracterizados por la proliferación de demandas de tipo sectorial o regional.
Bolivianos y bolivianas tenemos ya la costumbre de presenciar y sortear las marchas y manifestaciones como quien sortea un día de lluvia intensa, especialmente en La Paz. Esta proliferación de demandas sectoriales y regionales solo añade horas a esa sensación de mal clima, pero —a mi juicio— hace más insensible a la opinión pública sobre los acontecimientos que suceden fuera de las preocupaciones cotidianas de la gente de a pie.
La agenda de los conflictos de la última semana está marcada por la marcha de los indígenas —que llegó a Santa Cruz, sin pliego—; las casi dos semanas de conflictos de los cocaleros por Adepcoca y el mercado de la coca de Villa Fátima, en La Paz; la disputa por el 45% de la coparticipación del IDH en el Chaco y alguna otra cuestión más, con poca difusión en los medios de comunicación masiva.
Existen amenazas de movilizaciones por parte de gremiales y otros sectores, en oposición al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La materialización de estas amenazas depende críticamente de que la dirigencia consiga convencer al grueso de los gremiales —cuyas cuentas no están bancarizadas prácticamente en absoluto— que sus dineros están en riesgo. Al mismo tiempo, vale cuestionarse si el sector más golpeado por la pandemia, y que más urgentemente requiere de una recuperación de la actividad, se va a poner en pie por algo que todavía puede sonar abstracto.º
Por un lado, la agenda de conflictos —de por sí caótica y desordenada— refleja la ausencia de una causa aglutinadora a nivel nacional, de liderazgo articulador de organizaciones. Aparentemente las grandes causas que motivan adhesiones más allá del territorio y del sector, han quedado atrás en el tiempo.
Por otro lado, desde el lado del Gobierno se evidencia que los esfuerzos por organizar las respuestas están todavía en proceso; un síntoma de aquello está dado por la prolongada duración del conflicto sobre Adepcoca y, a su vez, la gasificación —innecesaria— a la marcha de las feministas que se manifestaron hace poco para exigir sus derechos, no en plan de confrontación.
Como quiera que sea, en este momento, ninguno de los conflictos en curso está afectando la cotidianidad de la ciudadanía; mal que bien, todos estamos saliendo a trabajar, a consumir, a hacer vida social y la vida sigue. Es por eso que ninguno de los conflictos pone en riesgo la actividad económica en ningún lugar del país.
De hecho, si el flujo económico está detenido en algún lugar es en Arica, escenario de un conflicto administrativo entre el puerto de Arica y Bolivia, por el incremento injustificado de las tarifas del servicio para las importaciones bolivianas.
Sobra decir que la evolución de los distintos conflictos depende de la capacidad de respuesta del Gobierno. De todos los mencionados, el único que podría escalar es el de la marcha indígena. Y la única manera en que este conflicto pudiese escalar es en un escenario en el que no se llegue a ningún acuerdo con el Gobierno y la marcha salga de Santa Cruz para llegar a La Paz, con la expectativa de que —gracias al sufrimiento de los protagonistas, más la suma de quienes le tienen antipatía al Gobierno— la población vaya sumándose a la causa, primero emocionalmente y luego materialmente.
Esto implicaría una especie de segunda parte de la marcha por el TIPNIS. Mi apuesta personal es que es muy difícil que esto se logre. Las segundas partes no suelen repetir el éxito de las primeras. ¿Puede haber por ahí un cisne negro que me contradiga? Por supuesto, pero lo creo poco probable.
En resumen, lo más seguro es que el tiempo corra a favor de las autoridades de gobierno, especialmente si ningún conflicto logra encender el fervor ciudadano —hoy por hoy poco inclinado a grandes movilizaciones que paren la economía—. El plazo es noviembre, casi a la vuelta de la esquina. Estaremos observando.
(N. del A. Luego de escribir este texto, los cívicos convocan a un paro nacional contra la ley para impedir ganancias ilícitas. Si bien es el primer intento de movilización nacional, es dudoso que logren sumar suficiente fuerza.)
Pablo Rossell Arce es economista.
