Antonio Costas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, contó hace días, en esta casa periodística, su irregular detención después de las elecciones de 2019: primero le dieron la bienvenida con un «callejón obscuro» en el Comando General de la Policía después de detenerlo en su casa a las 20.30 de aquel domingo. Patadas y puñetes estando él ya enmanillado. Les dicen, a él y a la entonces Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que los llevarían a la Fiscalía, pero en realidad los conducen al Comando de la Policía para exponerlos como vulgares delincuentes a los medios. Lo que sigue es tres meses en la cárcel de San Pedro. Suficiente tiempo para dar un curso de computación a los presos. Sigue un año y cuatro meses con detención domiciliaria. “En mi casa miraba el sol, no tomaba el sol; lo tomé cuando me fui a vacunar”, cuenta. «Acusados con un informe apócrifo de la OEA; nos acusaron de nueve delitos», recuerda Antonio. «11 delitos», corrige Idelfonso.
Idelfonso Mamani, vocal del TSE en 2019, vivió hostigamiento los días previos. Un viernes a las 17h00 se presentó a la Fiscalía. El Fiscal le dice que está ocupado y que vuelva el lunes. Así lo hace y el lunes lo detienen antes de tomarle su declaración informativa. No quisieron darle ni un vaso de agua. «No me permitían ni hablar», insiste. Misma receta: celdas policiales, celdas judiciales y a la cárcel. Fiscales y policías abusaron, a todas luces y en plena obscuridad mediática. A diferencia de Antonio, a Idelfonso le tocó un año en la cárcel de San Pedro. Hubo etapas en las que no permitían la visita de sus familiares, no le permitían el contacto con su abogado, tampoco salir a un centro de salud, repasa el abogado. Plena pandemia, se contagia de COVID. Es junio de 2020: sale a un centro médico custodiado pero no lo querían recibir. Por la amistad con un médico es internado y en algunos días se restablece. Como no había espacio allí, es trasladado a un centro de recuperación con una lista larga de medicamentos. En cuanto llega, las patrullas lo devuelven al penal; una vez que pasa la puerta de la prisión, le quitan los medicamentos, lo ingresan solo, a una celda, en el fondo de un callejón donde están estas carceletas de castigo. “No hay cama, puro cemento”, nos comparte Idelfonso. No hay nada. Sin tomar agua, sin alimentación, sin ropa. Prohibido ver a su familia durante días, otra vez. “No se podía ver ni al policía”. Se apiada un interno que intercede por él y lo sacan otra vez a un centro médico. Ni una palabra en los medios.
Esta semana la Embajada de Estados Unidos pidió en una carta al Gobierno boliviano el «desmantelamiento de grupos de seguridad paraestatales violentos». Solicitó que se apliquen las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que se cumpla el anuncio de Luis Arce. Hay que saber que Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, recibe hace dos años amenazas a su seguridad física. El documento enviado al Viceministro de Seguridad Ciudadana hace referencia a otras personas estadounidenses amenazadas por su trabajo en derechos humanos. La carta enfatiza la urgencia de la situación de Ledebur y solicita por tanto una acción inmediata. Imposible no pensar en Thomas Becker, abogado de las víctimas de la masacre de octubre 2003. Este norteamericano hoy está apoyando a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba del gobierno de Jeanine Áñez. Thomas denunció en este mismo medio que en los últimos días recibió «ataques». El lunes del último paro cívico en el país, «grupos cívicos» lo rodearon en La Paz: que lo detendrían, que lo expulsarían o matarían. «Una posición irónica para quienes supuestamente protestan contra la persecución», escribió Thomas en su cuenta de Twitter. Kathryn, por su lado, apunta a la Resistencia Juvenil Cochala (UJC) cuando describe las amenazas recurrentes y el hostigamiento en su contra hace dos años. Circulan videos señalando dónde vive, la tildan de terrorista. Los abogados de los líderes de la UJC la acusaron de ser partidaria del MAS. En el actual contexto, no es un dato menor que la Embajada norteamericana haya reconocido el peligro de estos grupos paraestatales. Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aplaudió el gesto. Mientras tanto, el actual Gobierno haría mal en olvidar por un minuto que el informe del GIEI confirmó la complicidad de miembros de fuerzas policiales con los grupos de choque de las resistencias civiles que operaron en su momento como fuerzas policiales y los bolivianos haríamos mal en pretender que aquí nada pasó.
Antonio Costas, Idelfonso Mamani, Kathryn Ledebur, Thomas Becker. ¿Qué une estas historias? ¿Y qué las diferencia?
Claudia Benavente es doctora en ciencias sociales y stronguista.
