Estamos viviendo la tortura de una niña frente a la pasividad del Estado, que debería ser su protector. Nos indignamos por el uso de su cuerpo en una guerra de poder que nos llama a “romperlo todo” como un último acto de dignidad frente a un conjunto de instituciones que violan cada minuto a las mujeres. Hoy más que nunca tiene sentido salir a las calles gritando “el violador eres tú”.
Como cronistas de nuestro tiempo, es imperioso dejar un registro minucioso de la continuidad forzada del embarazo de una niña de 11 años, producto de una violación. Es necesario hacerlo porque la niña de Yapacaní es hoy la imagen pública de la indefensión de 2.618 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual de las que la Fiscalía tiene registro durante 2021. La niña de Yapacaní también es la voz de las 1.636 menores de 15 años embarazadas que el Sistema Nacional de Información en Salud registra tan solo en el primer semestre de este año.
Sí, en Bolivia fallamos sistemáticamente a las niñas cuando permitimos que cada tres horas y media una de ellas se embarace; y 10 sean violadas cada día. Por ello, es necesario señalar con claridad cada paso de la falla institucional y estatal en este caso.
A la niña de Yapacaní le falló su familia, que la dejó al cuidado de su victimario. Le falló su padre que fue el primero en quitarle sus derechos, le falló su madre que no respetó su vida. Esa familia que los grupos conservadores santifican y quieren preservar a costa de cualquier derecho humano es el espacio más inseguro para cualquier mujer boliviana.
A esta niña de tan solo 11 años le falló la instancia estatal creada expresamente para protegerla. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Santa Cruz defendió la decisión de continuar con el embarazo forzado, siendo parte de la cadena de presión a la familia. Con soberbia, el director de la defensoría, Rashid Guardia, dijo que “asumirá las consecuencias legales de no cumplir la sentencia constitucional”. Yo ya no acepto que un centavo de mis impuestos vaya a pagar el sueldo de un servidor público que antepone sus creencias religiosas al cumplimiento de las leyes.
La menor debió ser protegida por el sistema de salud público donde acudió para que se cumplieran sus derechos; en cambio, el hospital Percy Boland consintió el ingreso de la Iglesia Católica y grupos fundamentalistas a un espacio en el que todas las personas sufrimos de extrema vulnerabilidad, y permitió que se presionara y chantajeara a la niña y la familia. Sobre esto nos debe explicaciones el director del hospital, Mario Herbas, y, como máxima autoridad local, Erwin Viruez, director del Sedes. La integridad física y mental de la menor, y sobre todo la privacidad y confidencialidad del caso, estaban bajo su responsabilidad.
Contribuyeron a violar los derechos de la niña de Yapacaní los medios de comunicación que sin el menor valor ético exhibieron su vida y la de sus hermanas, llegando incluso a filtrar declaraciones que la pequeña realizó frente a la Defensoría de la Niñez.
Falla también el Estado en todas sus instancias al no poner freno a las acciones de la Iglesia Católica boliviana que no reconoce el imperio de la ley y, creyendo estar en un Estado Islámico, busca imponernos su ideología.
Solitarias y testarudas en la defensa de derechos humanos solo escuchamos la voz de Nadia Cruz, defensora del Pueblo, y la ministra María Nela Prada, quienes buscan que se haga justicia, seguramente enfrentando internamente muchos cuestionamientos. Acompañamos su necesidad de creer que Bolivia es un Estado laico y de derecho, y respaldamos su valor de enfrentar el patriarcado en el seno mismo del poder. Por ello reafirmamos con todas nuestras fuerzas que las niñas no son madres y negar el acceso a la interrupción legal de un embarazo provocado por una violación es una forma de tortura inaceptable.
Lourdes Montero es cientista social.
