Es realmente la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas, la que motiva las movilizaciones de ahora? La ley, promulgada el 16 de agosto de 2021, tiene siete artículos y un largo anexo con relación a la materia. Y el último artículo, que dice que el Gobierno puede ajustar la estrategia a través de un decreto, es el argumento usado por los gremialistas y ahora secundado por plataformas de oposición.
En uno de sus discursos, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a sumarse al pueblo, como lo hiciera el 2 de noviembre de 2019 su antecesor Luis Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, cuando lideraba las protestas que terminaron con el derrocamiento del presidente Evo Morales.
“Libertad y democracia” es la premisa, como si el país no viviera bajo esos derechos. Tal como ocurrió también en 2019.
Calvo ya había liderado protestas fallidas el año pasado, cuando denunció que hubo fraude en la elección de Luis Arce. Ahora encontró motivo suficiente para intentar convulsionar el país con el argumento de “leyes malditas” o “paquete de leyes”, en referencia a la Ley 1286 y el proyecto de Ley 342, de Estrategia de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
Hay mucha especulación: que violenta las autonomías, que irrumpe los presupuestos locales, que viola la información personal, que apunta a la expropiación de propiedades, que busca afectar los negocios de los comerciantes… Mucha desinformación, a pesar de que el Gobierno —más de allá de su incapacidad de concertación y comunicación— se ha esforzado sin éxito en explicar su espíritu real.
¿Importará esa explicación a Calvo y compañía? Me temo que no; hace rato va porfiando contra el presidente Luis Arce, al punto de desacreditarlo como mandatario electo en urnas y hasta calificarlo de dictador.
Ellos tienen otros fines, y esos fines contradicen lo que pregonan: la convivencia democrática y el respeto a los resultados electorales de 2020.
Calvo y compañía se basan en información falsa para posicionar su “lucha” (dijo en reiteradas ocasiones que éste es su tercer round o su última oportunidad para buscar libertad y democracia). Han sembrado dudas sobre esas normas y ahora se justifican en algo que los medios “serios” posicionaron la semana pasada con base en rumores en redes sociales, a pesar de la aclaración de parte del Ejército Nacional: las Fuerzas Armadas están “acuarteladas” para reprimir el paro de los gremialistas, que por eso movilizaron tropas y armamento en los últimos días.
Esta idea es bien aprovechada también por el gobernador Camacho, que ante la aclaración dijo que “no es habitual este desplazamiento de tropas en democracia”.
¿Camacho hablando de democracia? ¿Camacho hablando del papel real de las Fuerzas Armadas? Doble rasero.
¡Camacho invocó a los militares en 2019 para derrocar a Morales! Él mismo admitió que su padre “cerró” con los militares durante el paro que propició en 2019. Él mismo usó a la Policía para sus fines, cuyo motín terminó quebrando la institucionalidad.
¡Calvo también invoca a los militares! “A los militares que están encuartelados, decirles: maldito sea el militar que empuñe un arma contra su pueblo”, dijo el lunes, cuando pidió su “protección”.
No es la ley la que lo mueve. Ya dijo en agosto reciente que sabe el camino para derrocar gobiernos. Tenemos la “receta para tumbar a un dictador”, dijo en alusión a Arce, apenas un año en el poder luego de su victoria democrática del año pasado.
Lo están viendo los bolivianos, algunos con mucha complacencia y complicidad, como si hiciera las cosas de forma sana y apegada a la democracia, como si no fuera racista y discriminador (acuérdense de lo “bestias salvajes” que son los campesinos o “cuervos” y “malagradecidos” los residentes de otras regiones en Santa Cruz).
Sus huestes otra vez golpean las puertas de los cuarteles. Hace dos noches que se apuestan en las afueras de la Policía de Santa Cruz para invocarla y rezar, como también hicieran vigilias una semana después de la victoria de Arce en 2020, cuando pedían el gobierno de una “junta militar”.
Ya aprendimos la lección, ya sabemos el libreto. No es democrático lo que hacen, buscan convulsionar el país para sus fines, con el pretexto de cualquier cosa. Y vean cómo se agazapan estos días algunos líderes políticos. Ajenos. Repudiable.
Rubén Atahuichi es periodista.
