Mientras en Bolivia ardemos en nuestra particular hoguera política, en el mundo se llevó adelante la conferencia sobre calentamiento global de la ONU (COP26), considerada un momento clave en los esfuerzos para enfrentar la amenaza del cambio climático. Líderes mundiales de 200 países se reunieron estas semanas en Escocia para intentar llegar a un acuerdo con el fin de reducir la contaminación ambiental. Las señales del acuerdo hasta el cierre de esta columna son un escalamiento en la inversión verde con un fuerte tinte economicista, y una reducción de la ambición respecto a la reducción del uso de combustibles fósiles.
Cinco grandes economías —China, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), India y Rusia— son responsables este 2021 del 64% de todo el dióxido de carbono que expulsa la industria. China será la primera, con el 31% de las emisiones. Le seguirán Estados Unidos, con el 14%, la UE y la India, con un 7% cada una y Rusia con 5%.
Sin importar el detalle del resultado del acuerdo, el analista en temas ambientales Samuel Martín-Sosa sistematiza las varias dimensiones de la crisis que hay que abordar. Sostiene que podemos hablar de al menos cuatro brechas en la acción climática: de ambición, de cumplimiento, de realismo y, tal vez la más sentida en América Latina, la de justicia.
La brecha de ambición se refiere a la distancia entre lo prometido por los gobiernos y lo necesario. Todavía hay una cantidad determinada de CO2 que podemos poner en la atmósfera sin entrar en zona de alto riesgo; es lo que se conoce como presupuesto de carbono. Los compromisos de mitigación de los países son tan insuficientes que a nivel global ese presupuesto de carbono se agotará en menos de una década. Según los expertos, los países deben aumentar la ambición de sus planes en más de cinco veces para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
La brecha de cumplimiento refleja la diferencia entre lo que los países prometen y lo que cumplen realmente. No existe un sistema de monitoreo del cumplimiento efectivo de las promesas, lo que deja margen para la trampa y la falta de rigor. El Acuerdo de París no obliga a cumplir las promesas y, por tanto, no hay establecido un procedimiento para penalizar a quienes no las cumplen.
La tercera brecha, la del realismo, es quizás la más peligrosa. Se trata de la diferencia entre lo que se promete y lo que realmente es posible. Escuchamos continuamente hablar del objetivo cero-neto en referencia a aquél en el que las emisiones excedentes son compensadas con captaciones de CO2 de la atmósfera vía los sumideros naturales. En realidad, cuando se habla de cero-neto se está pensando no solo en los bosques sino también en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, hipotéticas iniciativas tecnológicas que despiertan muchas dudas sobre sus posibilidades reales. Y la “inversión verde” puede ser parte de esta trampa.
Y la brecha de justicia, vinculada a la diferencia entre lo que los países prometen y lo que es realmente justo, empezando por lo que les correspondería en función de su responsabilidad histórica. El Acuerdo de París obliga a todos los países a contribuir, pero no a repartir de forma justa. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, no incluye los pormenores que obliguen a los grandes responsables del problema a cargar con la mayor parte de la solución. De acuerdo con los principios de equidad, debiera producirse una eliminación de los combustibles fósiles mucho más rápida en los países donde los impactos sociales de la transición serán menores, es decir, en los países ricos. Éstos también deberían proporcionar financiación, apoyo técnico y tecnológico para permitir las transiciones en los países más pobres. Nada de esto está ocurriendo.
Por todos estos factores, hay mucho escepticismo sobre los rimbombantes anuncios de los líderes mundiales que seguramente escucharemos en estos días. Estamos muy lejos de la ambición de eliminar los subsidios al combustible fósil, una de las principales demandas de los movimientos ambientalistas. Por todo ello, acompañamos la sensación de fracaso y oportunidad perdida denunciada por los ecologistas en Glasgow.
Lourdes Montero es cientista social.
