Se puede afirmar con cierta certeza que el tema de un nuevo conflicto que se avecina será el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, contenido en calidad de anexo de la Ley 1407, aprobada sin consenso ni discusión suficiente en la Asamblea Legislativa. La materia es ciertamente importante porque se trata del documento de referencia de todas las políticas públicas en los próximos cuatro años, e involucra competencias y responsabilidades estatales, políticas, empresariales, académicas y sociales. Era la mejor oportunidad para someter la propuesta a un amplio proceso de consultas con todos los agentes institucionales públicos y privados concernidos, considerando que las entidades territoriales autónomas y los diversos sectores de la empresa privada tienen funciones relevantes en el cumplimiento de las metas previstas en el plan.
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) constituye el instrumento primordial de la gestión gubernamental a mediano plazo y sirve a su vez de orientación para los distintos agentes económicos. Por su propia naturaleza en el marco de una economía mixta, un documento de tales alcances requiere ser sometido a un amplio debate técnico, académico y político, y en particular en una época de complejas circunstancias e incertidumbres como las que imperan en la economía internacional.
En este orden de cosas, llama la atención que las principales variables macroeconómicas del PDES no consideren para nada las previsiones de los principales organismos multilaterales en cuanto a la considerable reducción de la dinámica global de crecimiento económico, las presiones inflacionarias que ya están presentes y los complicados problemas que confronta el comercio internacional y las cadenas globales de valor en particular. Tal como están las cosas, un crecimiento económico promedio de 5,1% de la economía boliviana entre 2021 y 2025 y un coeficiente promedio de inversión pública de 13,5% respecto del PIB, parecen muy poco realistas.
En segundo lugar, es imprescindible contemplar los potenciales dinámicos de los agentes primordiales de la inversión reproductiva. Respecto del enfoque de sustitución de importaciones a cargo del estrato de la pequeña y mediana, ya he comentado en anteriores ocasiones que de ahí no se pueden esperar potencialidades motrices que generen efectos multiplicadores sobre el resto del aparato productivo, al menos no mientras no se resuelvan las grandes debilidades que caracterizan a este estrato: informalidad, baja productividad y severas carencias en términos tecnológicos, gerenciales y de acceso al financiamiento.
Un sistema de parques tecnológicos, distritos industriales, aglomeración de servicios logísticos y mecanismos eficaces de capacitación, podría resolver las mencionadas carencias, pero eso toma tiempo y requiere una serie de acuerdos entre un variado conjunto de actores públicos y privados, además de importantes montos de financiamiento. Bajo un enfoque de importantes contribuciones (que habría que demostrar) a la lucha contra el cambio climático, se podría acceder a recursos de la cooperación internacional comprometidos en la reciente COP26 de Glasgow; pero Bolivia no ha firmado los compromisos referidos a esta posibilidad.
El potencial real de impulsar crecimiento dinámico y sostenible por parte de las empresas públicas realmente existentes en el país es otro asunto que merece una evaluación documentada, totalmente separada de consideraciones ideológicas.
Resulta poco recomendable que las cuestiones mencionadas y otras igualmente importantes se ventilen en medio de reclamos, protestas y conflictos. Sería deseable, en cambio, que se aproveche la tregua disponible para organizar una auténtica consulta nacional sobre el PDES.
Horst Grebe López es economista.
