Bajo el mando de Morales, Bolivia mostró un buen desempeño de la economía, que crecía a tasas cercanas al 5%. La nacionalización de los hidrocarburos, la política de redistribución de la renta por medio de los bonos sociales, el énfasis en la inversión pública y el favorable contexto externo con elevados precios del petróleo, condujeron a aumentos del PIB per cápita, reducción de los niveles de pobreza y caídas en la desigualdad de ingreso. A nivel electoral, el apoyo a Morales desde 2009 fue reduciéndose elección tras elección; entre 2009 y 2019, la votación a su favor disminuyó del 64% al 47%; y entremedio, en 2016, hubo una derrota en el referéndum constitucional que no le permitía ser reelegido por cuarta vez (tercera con la nueva Constitución).
En noviembre de 2019, Morales con un apoyo mermado enfrentó un golpe de Estado que lo obligó a renunciar y exiliarse en Argentina, desde donde monitoreó su regreso al país. Mientras tanto, Áñez gobernaba de facto, apoyada por políticos reciclados de la década de los 90. La mala gestión política y económica de Áñez, la deficiente atención a la crisis del coronavirus, la aversión al mundo indígena, y la represión militar y policial, que se expresó con crueldad en las masacres de Senkata y Sacaba, provocaron que la población se aglutinara en contra del gobierno de facto y a favor del partido de Morales para las eventuales elecciones de 2020.
En enero de 2020, el Pacto de Unidad, instancia que agrupa a los sectores campesinos e indígenas que forman parte del MAS-IPSP, propuso a Choquehuanca y Rodríguez como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente; sin embargo, en Argentina, Morales cambió la nómina y definió a Arce como presidente desplazando a Choquehuanca al segundo lugar. Aun así, Choquehuanca fue una pieza clave para aglutinar al sector indígena y campesino a favor del MAS-IPSP; sin su participación no se concibe la victoria del partido de Morales en las elecciones de 2020.
En octubre de 2020, el MAS-IPSP obtuvo el 55% de la votación, que daba la oportunidad a Arce de dirigir el país; sin embargo, el apoyo electoral se redujo al 40% en las elecciones departamentales de 2021. En ese camino, y a lo largo de un año, las señas que ha dejado Arce en su primer año de gobierno pueden expresarse así: primero, el Gobierno ha preferido mirar a otro lado, dejando escapar a los operadores más visibles del gobierno de facto (Murillo y López); asimismo, ha permitido que Camacho, Reyes y Arias terminaran quedándose con gobernaciones y municipios, y ha dejado impunes a Mesa y Quiroga. Segundo, el Gobierno ha perdido el apoyo político de La Paz y El Alto, con el riesgo que ello implica en la estabilidad política de su gestión. Tercero, la política económica de Arce ha sido insuficiente y tímida para la recuperación: el Bono Contra el Hambre, el Impuesto a las Grandes Fortunas, la devolución del IVA, los fideicomisos para la sustitución de las importaciones y la baja ejecución de la inversión pública, no han logrado incentivar la demanda y oferta agregadas, de manera que en 2021 la economía pueda volver a los niveles de 2019. Cuarto, Arce al promover la Ley 1386 contra “ganancias ilícitas” ha provocado temor y confusión en los sectores populares de gremiales, comerciantes y transportistas, y le ha dado un buen pretexto a los grupos más reaccionarios y racistas del país para que exijan más concesiones y que revivan las ideas separatistas que se originaron en la primera década de 2000.
El primer año de gestión de Arce y la intransigencia de la oposición política han llevado al país a una situación delicada, donde la economía es precaria, la sociedad tiene un elevado riesgo de polarización, los partidos políticos han perdido credibilidad, y se han reactivado los regionalismos.
Bajo este escenario, las soluciones a los problemas del país exigen a Choquehuanca y Morales que, con responsabilidad histórica, entiendan que el proceso de revolución cultural, económica y de soberanía de los pueblos, requiere un liderazgo con espíritu de unidad nacional; asimismo, tiene que ver con la aparición de una oposición madura, con política soberana, libre de racismo y regionalismo; y finalmente, demanda al gobierno de Arce corregir sus errores, para que en vez de poner piedras en el camino que dificultan alcanzar el fin del “vivir bien”, defina, sin endeudar el país, políticas a corto y largo plazos que conduzcan a la armonía social y al máximo bienestar de la población.
Fernando Torrejón Flores es profesor de Análisis Económico y Economía Aplicada.
