El presupuesto de 2022 del sector público registra un gasto total del 57,9% del Producto Interno Bruto (PBI). Esta cifra muestra el tamaño del Estado en el conjunto de la economía. Si se toma el gasto del sector público no financiero (SPNF), que excluye las instituciones financieras, el porcentaje llega solo al 46% del PIB (promedio del periodo 2006-2020), que es superior al de Estados Unidos (37%) pero menor que el de las economías europeas (eurozona 50% y Suecia 55%).
El presupuesto prevé un saldo público negativo de Bs -34.480 millones, pues los ingresos totales (Bs 139.514 millones) son inferiores a los gastos totales (Bs 173.994 millones). El déficit proyectado representa -11,5% del PIB, que es menor en el caso del SPNF (-8% del PIB).
Aparte de los ingresos propios, el presupuesto contempla financiación ajena (Bs 95.577 millones), que proviene del endeudamiento externo (Bs 36.649 millones) y fuentes financieras internas (Bs 58.928 millones), que en su mayor parte se originan del crédito del Banco Central de Bolivia (BCB). Asimismo, los Bs 95.577 millones se dirigen, por un lado, a amortizar la deuda externa y al pago de deuda interna (Bs 61.096 millones), y por otro, al financiamiento del déficit público (Bs 34.480 millones). El financiamiento del déficit indica que en 2022 habrá un incremento neto de la deuda externa en 9,4% del PIB y de la deuda interna en 2,1% del PIB.
El elevado déficit público y el incremento de la deuda externa previstos para 2022, tienen como origen un ambicioso programa de inversión pública de Bs 34.486 millones ($us 5.015,5 millones), que supone un 11,5% del PIB. Esta cifra desagregada revela, primero, que el grueso de la inversión se concentra en sectores que tienen una baja participación en el empleo y en el PIB; así el 56% de la inversión pública se reparte entre la minería del hierro, zinc y estaño (13%), infraestructura de carreteras y transporte (26%), e inversión social (17%) —la minería y la construcción de obra pública suponen menos del 10% del empleo y del PIB—. Segundo, solo un 2% de la inversión se dirige a la exploración de hidrocarburos. Tercero, se destinan pequeños porcentajes de inversión a sectores que tienen una gran participación en el empleo y la producción; así, bajos montos van al sector de los alimentos: transformación y almacenamiento (0,3%), apoyo a la producción nacional (1,4%) e industria alimentaria (1,7%); recursos hídricos: pozos (0,2%), riego (0,6%) y acumulación (2,2%); energía: hidroeléctrica (2,8%), eólica (0,3%), nuclear (1%), litio (0,3%); industria manufacturera: derivados de los hidrocarburos (0,4%) y manufacturas para la construcción (1%) — la agricultura, la manufactura y la energía, en conjunto, suponen más del 40% del empleo total y más de un tercio del PIB—.
A la luz de los datos, se ve que el presupuesto de 2022 favorece de forma desproporcionada la inversión pública destinada a los sectores de minería y construcción, que tienen una baja incidencia en el empleo y PIB, que dependen en elevado grado de las importaciones de insumos y de bienes intermedios, y de la participación de empresas extranjeras de baja tecnología. Asimismo, en la “inversión social”, no queda claro el peso que tiene la formación bruta de capital. Además, el presupuesto se ha quedado corto con la inversión destinada a los sectores de los alimentos y agricultura, industria manufacturera y energía, aun siendo estos de una elevada incidencia en el empleo y PIB, gran potencial de movilización de recursos endógenos con baja dependencia externa, y dinamizadores de otros sectores, como el comercio, transporte y almacenamiento.
Es imprescindible que el presupuesto del Estado no se limite a ser un instrumento solo generador de gasto, endeudamiento externo y dependencia externa; sino que se convierta en un medio capaz de generar desarrollo endógeno (vivir bien) que lleve a la economía a ser competitiva y soberana en áreas como los alimentos, recursos hídricos, energía e industria semipesada y tecnológica.
Fernando Torrejón Flores es profesor de Análisis Económico y Economía Aplicada.
