Al mismo tiempo en que el país registró el récord de más de 6.000 casos diarios de COVID, un grupo antivacunas realizó una marcha en contra de la inmunización y atacó un punto de vacunación móvil, con el propósito de destruir las vacunas. ¿Cómo explicar este contrasentido?
Todos hemos visto a alguien enfermar con este terrible virus. No creo que haya quien no lo haya conocido, algunos en carne y pulmones propios, otros en familiares y amigos. Hay miles que han perdido a un ser amado, que han peregrinado en busca de medicamentos, plasma, oxígeno, unidades de terapia intensiva, certificaciones forenses, cremaciones. Hay miles que no han vivido el consuelo de sostener la mano de quien moría, de darle un beso en la frente, de organizar un velorio grande y digno para que todos los que lo amaron vengan a despedirse.
Con todas esas dolorosas evidencias, no creo que quede alguien que todavía afirme que el virus no existe y es un invento para cortarnos las libertades. Hay quienes dicen, en cambio, que es un virus fabricado adrede, un arma biológica, un instrumento de dominación mundial a la escala de Marvel.
Si ese fuera el caso, vacunarnos es la única forma en que podemos descarrilar esa enorme conspiración y salvar al planeta de los villanos que quieren esclavizarnos. Y sin embargo, los mismos que creen en la llamada “plan-demia” se estrellan también contra la vacuna y contra las medidas para que la mayor cantidad de personas se inoculen.
“Es una forma de control estatal sobre nuestros cuerpos”, argumentan otros. La razón de ser del Estado es regular la convivencia de las personas, con el fin de evitar que las decisiones libres de unos provoquen daño o muerte a otros. El llamado “contrato social” que rige las sociedades contemporáneas se refiere a eso justamente: todos sacrificamos algunas libertades individuales con el fin de preservar una paz social dirimida por el Estado.
Si bien tú tienes el derecho a no vacunarte, yo tengo el derecho a tener la seguridad de que no vas a contagiarme. Y el Estado debe garantizar los derechos de ambos. La única forma de hacerlo es con la medida que rige desde el 1 de enero: requiriendo el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa antes de admitir el ingreso a lugares concurridos, cerrados o llenos de gente vulnerable. Aplaudo la norma, aunque me hubiera gustado que su vigencia empiece antes de que se bata el récord de contagios diarios. Si tú tienes el derecho de hacer una marcha por las calles clamando que la vacuna es una trampa, yo tengo el derecho de verte pasar mientras me vacunan en un puesto móvil. El Estado debe garantizar que no haya ataques y que nadie destruya las vacunas disponibles.
Otro argumento al que acuden quienes se oponen a la vacunación es la desconfianza en su desarrollo, su proceso o sus resultados. Es entendible, no todos tenemos el conocimiento científico que nos permita entender las tecnicalidades de las vacunas, y cuando buscamos información online no necesariamente vamos a llegar a las revistas científicas especializadas. En la red circulan miles de páginas que aparentan ser serias y estar firmadas por autores que presumen grados y méritos, pero que por razones que no podemos ahondar ahora diseminan información a veces falsa, a veces incompleta, a veces tergiversada, pero siempre peligrosa.
La confianza es un bien cada vez más inaccesible, la credibilidad en la ciencia, los médicos, la Iglesia o los gobiernos está minada y en momentos de crisis necesitamos algo o alguien que nos sostenga. Ojalá que sea el amor a nuestras familias, esa única certeza que nos queda, la que nos haga actuar para protegerlas.
Verónica Córdova es cineasta.
