Las coyunturas son momentos que explican en sí mismo un tiempo, la característica e intensidad —de la coyuntura— determinan la dinámica política, constituyen rupturas o continuidades y construyen escenarios posteriores en función de las rupturas, delimitan temporalmente el tiempo político de la sociedad civil y política.
La crisis de octubre-noviembre de 2019 tiene esta peculiaridad, se manifiesta en la crisis de gobernabilidad, del sistema político reducido a un parlamentarismo sin estructuras partidarias, crisis en la democracia como institución política.
Es decir, los actores políticos y la institución democrática fueron absorbidos por la narrativa impuesta: fraude, segunda vuelta, nuevas elecciones, renuncia del Presidente, Vicepresidente y de los vocales del TSE; los titulares de la institucionalidad democrática republicana estaban imposibilitados de liderar una ruta institucional para enfrentar la crisis, fueron rebasados por actores externos al sistema político. La Conferencia Episcopal Boliviana se arroga la soberanía del pueblo como en las épocas de la Colonia y la República liberal, convoca a una reunión a representantes diplomáticos de Brasil y España —injerencia y violación de nuestra soberanía—, al comité cívico cruceño, al Conade y a dos políticos sin representación parlamentaria, Mesa y Tuto, en la sede de una universidad privada, la Universidad Católica; de hecho, entre la tarde del 10 y atardecer del 12 noviembre son el poder fáctico que define quién será presidenta, cómo se desarrollará el procedimiento para apropiarse del poder.
La respuesta-propuesta que emerge aparentemente como una solución parlamentaria, en los hechos, es la fractura constitucional de la institucionalidad democrática, forzar la conformación de un gobierno de facto, control militar y policial en el territorio nacional. El poder político, para validarse como autoridad estatal, acudió a la represión, masacre, persecución y detención; la legitimación del gobierno pasaba por convocar a elecciones y transferir el poder a una fracción de derecha: Áñez, Mesa o Camacho.
La violación constitucional es la ruptura, el escenario inmediato es la composición política de poder y la pésima gestión de gobierno determina el tablero político.
Las narrativas de los actores políticos, empresariales, cívicos, mediáticos, eclesiales desde el poder se anclan en el simbolismo y la consigna del fraude, como si fuese suficiente para legitimar al régimen, fuerzan la creación de una línea discursiva racial, evangélica y liberal para validarse como nueva opción electoral.
Desde lo nacional popular revalorizan el liderazgo territorial y cultural, combinan la movilización política entre la resistencia a la dictadura y la movilización electoral; la candidatura popular, indígena y de izquierda abandera la democracia no como consigna, sino como medio de decisión soberana del pueblo, se representan a sí mismos como la única posibilidad nacional y democrática de reconstruir el Estado que estaba catastróficamente administrado por el régimen de facto.
El resultado electoral es la respuesta a la ruptura constitucional y a los actores que eran parte del régimen, es decir, no solo al gobierno, sino a todos quienes fueron parte de la organización y la validación del poder.
Ahora, las diferentes fracciones de derecha están subsistiendo con la imagen negativa del pasado inmediato que es su presente, agudizado por las denuncias de los ítems “fantasma”, las pésimas gestiones de Camacho en la Gobernación cruceña y de Arias en el municipio paceño.
La agenda del Gobierno democrático con la sociedad está marcada por la gestión pública, superando las crisis económica, productiva, sanitaria, educativa, laboral, etc.; en cambio, la agenda y su relación con las oposiciones está determinada por los procesos a los responsables de la violación a la Constitución, a los derechos humanos, de los actos de corrupción, es decir, la disputa política con las oposiciones no es por visión de Estado, sino por la forma como se asume la sanción a los responsables del poder fáctico transitorio.
La coyuntura poselectoral 2019 marcó indefinidamente la dinámica política, los nuevos actores políticos nacionales, departamentales y municipales son producto de la forma como se trató la crisis de 2019, la relación política de estos nuevos actores institucionales de la democracia está explícitamente delimitada por la forma de organización y ejercicio del poder político desde el 10 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020.
El claroscuro es el pasado inmediato que condena a las derechas, que a la vez es su presente, pero para el Gobierno, el pasado inmediato con la resistencia y la movilización relegitimó la revolución democrática cultural bajo nuevos liderazgos estatales.
César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.
